El 1 de julio, dos millones 516 mil 965 poblanos salieron a las urnas para elegir, desde el Presidente de la República, pasando por legisladores locales, federales, gobernador y hasta alcaldes.

Por la noche, los primeros resultados mostraron que Luis Miguel Barbosa comenzaba a despuntar, pero posteriormente, con la captura del grueso de las actas computadas, Martha Erika Alonso mostró un crecimiento que al final se tradujo en una diferencia de 122 mil 36 votos, es decir, 4.04% de los sufragios emitidos.

A partir de ese momento, Puebla se polarizó.

Mientras el 2 de julio Martha Erika Alonso festejaba su triunfo, su más cercano competidor, el morenista Luis Miguel Barbosa, enarboló la bandera de fraude electoral, anunciando junto al ex fiscal de la Fepade, Santiago Nieto, que acudiría a tribunales.

Un día después, el 3 de julio, se registró un enfrentamiento entre simpatizantes de la coalición Por Puebla al Frente y Juntos Haremos Historia, luego que este último irrumpió de manera violenta en el MM Grand Hotel argumentando que se trataba de una mapachera donde se fraguaba el fraude electoral, a través de la supuesta alteración de actas de cómputo.

El tema escaló a nivel nacional y se interpusieron denuncias ante la Fepade, fiscalía que aclaró, meses después, que se trataba de un centro de operaciones lícito donde el PAN y sus partidos aliados revisaban las actas del conteo de votos de la jornada electoral que entregaban sus representantes de partido en las casillas.

El 8 de julio, en medio de un fuerte operativo de seguridad, la panista Alonso Hidalgo recibió su constancia de mayoría como ganadora de la elección a gobernador.

Ante un Instituto Electoral del Estado que validó la elección y un Tribunal Electoral del Estado que la confirmó, vino después la impugnación interpuesta por Morena y Luis Miguel Barbosa ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Posteriormente, el 18 de septiembre, el máximo tribunal en materia electoral del país determinó realizar el conteo voto por voto, casilla por casilla, con lo cual se trasladaron siete mil 486 paquetes electorales de la ciudad de Puebla a Ciudad de México. Este fue un ejercicio inédito en la historia de la democracia del país, pues nunca antes una elección para gobernador se había sometido a un conteo de estas características.

Ahí se constataron las primeras irregularidades graves en cuanto a la violación de la cadena de custodia.

Con el apoyo de las salas regionales de Ciudad de México y de Toluca, se llevó a cabo el recuento total de los sufragios. Al culminar este proceso, los resultados fueron devueltos al tribunal local donde se confirmó que la diferencia de votos concordaba y favorecía a la panista Martha Erika Alonso.

El lunes 15 de octubre se presentó una nueva impugnación a través del juicio de revisión constitucional con los documentos que evidenciaban las supuestas irregularidades para pedir la anulación de la elección.

Mientras esto sucedía, Martha Erika realizaba trabajos de transición, al tiempo que el calendario se iba ajustando a la espera del dictamen del TEPJF.

Con ello, la incertidumbre crecía…

Incluso el sector empresarial aseveró que las inversiones se veían afectadas ante esta indefinición, pues varias empresas frenaban millonarios proyectos de inversión.

Sumida en la polarización, el encono, los odios y la lucha encarnizada por el poder, Puebla era rehén de los grupos políticos antagónicos: morenistas o barbosistas contra morenovallistas, en una guerra sin tregua…

Finalmente, el domingo 2 de diciembre un solo tuit cimbró al estado de pies a cabeza.

José Luis Vargas Valdez, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reveló el proyecto de resolución respecto a la elección a la gubernatura de Puebla, considerando viable la anulación de los comicios.

A partir de ese momento, se cuentan las horas para que se tome una decisión con relación al destino de Puebla.

@AlbertoRuedaE