En el marco de la discusión del denominado “Plan B” de la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen correspondiente.

Posteriormente, la senadora Liz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la reserva mediante la cual la Cámara Alta aprobó retirar la modificación al artículo 35 y mantener la revocación de mandato en los términos vigentes de la Constitución, es decir, como un mecanismo independiente del calendario electoral, sin concurrencia con elecciones y con reglas específicas que garantizan su carácter de evaluación ciudadana del desempeño del gobierno.

Desde tribuna, Liz Sánchez expuso la postura del Partido del Trabajo que es proteger la naturaleza democrática de la revocación de mandato, evitando que este mecanismo ciudadano se mezcle con procesos electorales y se ponga en riesgo la equidad en la contienda.

“Las reformas electorales nunca son decisiones menores. En ellas se define cómo se organiza el poder en una democracia y cómo se protege la voluntad del pueblo”, afirmó.

La legisladora subrayó que el PT respalda el proyecto de nación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como los principios de austeridad y combate a privilegios contenidos en la reforma. No obstante, enfatizó que acompañar también implica actuar con responsabilidad para perfeccionar los instrumentos democráticos.

“La elección es el momento en que el pueblo decide quién gobierna. La revocación de mandato es el momento en que el pueblo evalúa cómo gobierna quien fue electo. Son mecanismos distintos y deben conservar su lógica democrática propia”, puntualizó.

En ese sentido, explicó que la reserva propuso eliminar el artículo 35 del dictamen, ante el riesgo de que su implementación coincidiera con procesos electorales, generando posibles distorsiones en la competencia democrática.

La propuesta del Partido del Trabajo encontró respaldo en todas las fuerzas políticas, alcanzando consenso unánime en votación económica, incluyendo a legisladoras y legisladores de Morena y del Partido Verde, lo que confirma que se trata de una decisión compartida para fortalecer la democracia y no de una ruptura política.

“No se trata de debilitar la participación ciudadana, se trata de protegerla”, enfatizó.

Liz Sánchez también destacó el papel histórico del Partido del Trabajo en la lucha democrática del país y su compromiso con la Cuarta Transformación, reiterando que su actuar se basa en sus principios:

Acompañar al Proyecto de Nación, fortalecer las instituciones y actuar con congruencia.

En ese mismo sentido, el senador y dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, afirmó que la coalición MORENA-PT-VERDE se mantiene más fuerte que nunca, con rumbo claro hacia los procesos electorales de 2027 y 2030, siempre en acompañamiento y respaldo a la Presidenta de México.

Con esta decisión, el Partido del Trabajo reafirma su congruencia política, acompaña las reformas que benefician al pueblo y propone ajustes responsables para garantizar la estabilidad democrática del país.

El Congreso del Estado de Puebla aprobó el dictamen para adicionar diversas disposiciones al Código Penal, con el propósito de sancionar a quienes coloquen o lancen en vías de comunicación o espacios públicos objetos punzocortantes, conocidos como ponchallantas, así como cualquier otro artefacto que represente un riesgo para la sociedad, las fuerzas armadas, las instituciones de seguridad pública y sus vehículos de transporte.

A través del dictamen, aprobado por las y los integrantes de la LXII Legislatura el pasado 15 de marzo, se consideran penas contra quienes hagan uso de ponchallantas, se previene el delito y se brinda seguridad jurídica a la ciudadanía, pues las modificaciones permitirán aplicar sanciones con la contundencia que el hecho amerita.

Con las modificaciones, se adicionan los artículos 192 bis y 192 ter al Código Penal del Estado para establecer que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión, y multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso de los objetos utilizados, a quien coloque o arroje en vías de comunicación objetos punzocortantes, estrellas metálicas, abrojos, erizos, varillas o cualquier artefacto similar elaborado con materiales de acero o de cualquier otro, con la finalidad de obstaculizar ilícitamente el tránsito vehicular o se utilice para ponchar llantas o dañar cualquier vehículo.

La misma pena se aplicará a quien ilícitamente posea, fabrique, distribuya, comercialice o facilite la obtención de estos objetos con el propósito de ser utilizados para obstaculizar el tránsito vehicular o causar daño a terceros.

Además, se estableció que las penas mencionadas aumentarán hasta en una mitad de su mínima y máxima cuando el acto: se cometa de noche, sirva como medio de ejecución de otro ilícito, sea en contra de vehículos oficiales, de emergencia o destinados al transporte público, en autopista o que, por las características del camino o vialidad, la víctima no pueda recibir apoyo oportuno.

Estas modificaciones al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla fueron impulsadas en su momento por el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza.