La diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales destacó una serie de iniciativas presentadas ante el Pleno del Congreso del Estado de Puebla, encaminadas a fortalecer la seguridad de la ciudadanía, combatir nuevas modalidades delictivas y garantizar la transparencia en los procesos electorales.

Entre las propuestas legislativas, la legisladora resaltó la reforma al artículo 481 del Código Penal del Estado para tipificar y sancionar de manera específica la colaboración, apoyo o provisión de información utilizada para cometer robos contra cuentahabientes y usuarios de servicios financieros en las inmediaciones de instituciones bancarias.

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La iniciativa contempla penas de tres a ocho años de prisión, así como multas de entre 150 y 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), para quienes proporcionen información, auxilio o cualquier tipo de apoyo que facilite la comisión de robos o asaltos contra personas que hayan realizado retiros de efectivo en bancos o instituciones financieras. La propuesta aplicaría cuando los hechos ocurran dentro de un radio aproximado de 500 metros de la sucursal bancaria.

La diputada explicó que esta reforma busca contrarrestar el incremento de los asaltos a cuentahabientes, particularmente aquellos relacionados con la práctica conocida como “marcaje”, mediante la cual empleados, personal de seguridad privada u otras personas identifican a clientes que retiran cantidades importantes de dinero para facilitar posteriormente su asalto.

Asimismo, la diputada Fedrha Isabel Suriano destacó la presentación de la iniciativa para reformar el artículo 415 del Código Penal, con la finalidad de combatir el fenómeno de los llamados “montachoques”, mediante la creación de una nueva figura penal que sancione la colisión vehicular simulada con fines de extorsión o fraude. La propuesta contempla penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre 100 y mil UMA.

La legisladora señaló que este delito suele afectar principalmente a mujeres, personas adultas mayores, adolescentes y personas con discapacidad. Además, se consideran agravantes cuando los hechos sean cometidos por grupos organizados o mediante violencia física o psicológica contra las víctimas.

Finalmente, la diputada informó sobre una iniciativa para reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, con el propósito de establecer que, en caso de que una persona candidata sea privada de la vida y este hecho pueda influir de manera determinante en una elección, el proceso electoral correspondiente deba suspenderse temporalmente hasta que las autoridades competentes realicen las investigaciones necesarias y se esclarezcan los hechos.