Integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción de la LX Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y la Ley de Obra Pública para la creación de la figura de Testigo Ciudadano con el objetivo de garantizar la transparencia en los procesos de licitación por parte de instituciones del orden gubernamental.

El presidente de este órgano colegiado, el diputado Oswaldo Jiménez López argumentó que la presencia de los Testigos Ciudadanos ayudará a blindar los procesos de adquisiciones y desarrollo de obra, para evitar la corrupción en los procesos de licitación, de tal manera que a partir de ciertos montos sea indispensable su presencia.

La propuesta considera un periodo de 6 meses, para que las dependencias en los municipios y el estado de Puebla puedan contar con las condiciones para comenzar a operar con esta figura ciudadana, que va a requerir la creación de padrones de quiénes van a participar en esta encomienda.

En el desarrollo de la sesión, La diputada Nancy Jiménez Morales señaló que la participación de los observadores ciudadanos coadyuvará en disminuir los malos manejos y abonará a la transparencia en el uso de los recursos. En tanto, el diputado Raúl Espinosa Martínez señaló que con esta nueva figura de Testigos Sociales se da respuesta a una demanda ciudadana en el combate a la corrupción.

Por su parte, el diputado Armando García Avendaño expresó que con estas reformas se pasa de los discursos a los hechos, lo cual se ve reflejado con la partición ciudadana; al mismo tiempo, la diputada Iliana Paola Ruiz señaló que con estas reformas se reconoce a la participación ciudadana como un derecho, para mejorar la calidad de las políticas públicas en los problemas sociales en la entidad.

Los testigos Sociales deberán de acreditar:

•             Ser ciudadano poblano en ejercicio de sus derechos.

•             Si es una organización deberá de acreditar legalmente su conformación o constitución y que no persigue fines de lucro.

•             No haber sido sentenciado con alguna pena privativa de la libertad.

•             No ser servidor público en activo.

•             No haber sido servidor público federal, estatal o municipal durante un año previo a la fecha de su postulación.

•             Acreditar debidamente su grado académico o especialidad, así como su experiencia profesional.

•             Asistir a los cursos de capacitación de la Secretaría de la Función Pública o Contraloría.

•             Presentar una protesta bajo juramento de decir verdad en la que manifieste que se abstendrá de participar en contrataciones o advertir de algún conflicto de interés en la asignación.

La propuesta fue aprobada por unanimidad por las y los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción quienes luego de su dictaminación, la turnarán para su análisis final a los integrantes que conforman el Pleno para su aprobación.