Con la finalidad de proteger a la población ante el desarrollo de posibles fenómenos naturales en la entidad poblana, tales como lluvias, incendios forestales, explosiones, fugas de combustible o una erupción del volcán Popocatépetl, integrantes de la LX Legislatura aprobaron por unanimidad el acuerdo por el cual se exhorta a los 217 ayuntamientos a que generen sus Atlas de Riesgos ó en su caso, actualizarlos con el fin de saber cómo actuar en caso de una emergencia.

La diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo en la exposición de motivos argumentó que la propuesta también considera sugerir a las autoridades municipales, llevar a cabo la actualización de sus Programas de Desarrollo Urbano, con el objeto de evitar otorgar permisos de uso de suelo en zonas de alto riesgo que pongan en peligro la vida de las personas, considerando los factores de cambio climático y la gestión integral de riesgo.

En el análisis de la propuesta la diputada Guadalupe Muciño Muñoz se sumó a la iniciativa y exhortó a los presidentes municipales a hacer lo propio para invertir en infraestructura segura y evitar cualquier tipo de desastre.

En tanto, la Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dio cuenta del acuerdo que presenta la Comisión de Protección Civil por el cual se exhorta en el ámbito de colaboración de poderes, gire instrucciones a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial; Infraestructura, Movilidad y Transporte; de Seguridad Pública, así como al Sistema Estatal de Protección Civil y a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, quienes en el ámbito de su competencia realicen las acciones necesarias de saneamiento, desazolve, mantenimiento de alcantarillado,  así como iniciar todos y cada uno de los protocolos inherentes a la prevención y adecuada planeación de actividades en favor de evitar en la medida de lo posible, afectaciones derivadas de los acontecimientos naturales producidos por la temporada de lluvias y huracanes en el estado de Puebla.

La medida tiene por objetivo evitar inundaciones, encharcamientos, escurrimientos y desbordamiento de ríos y barrancas que pongan en riesgo a la población en los barrios, colonias, juntas auxiliares e inspectorías de la entidad.

En otro punto del orden del día, se aprobó por unanimidad el acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que, mediante la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, se incluya en el permiso correspondiente la acreditación de la capacitación o certificación para el consumo de artificios pirotécnicos.

En este tema, la diputada Liliana Luna en el uso de la tribuna señaló que este llamado es con la finalidad de coadyuvar en la seguridad de las y los poblanos, sobre todo ante el gran consumo de pirotecnia en los municipios de la entidad, derivado de las tradicionales fiestas patronales.

Por otra parte, las y los diputados aprobaron por unanimidad el Punto de Acuerdo presentado por la diputada Mónica Lara Chávez, para que los 217 ayuntamientos en su calidad de sujetos obligados cumplan con los conceptos de Transparencia y Acceso a la Información.

La legisladora en su exposición de motivos argumentó que este llamado tiene por objetivo hacer conciencia a los presidentes municipales y dimensionen la importancia de transparentar el uso de los recursos garantizando a los ciudadanos el acceso a la información, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, como los sitios web o páginas electrónicas.

En otro momento de la sesión, los integrantes del Pleno aprobaron por unanimidad el dictamen por el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que, a través del Instituto Poblano del Migrante en la medida de lo posible, pueda formular planes y programas para apoyar a los connacionales que ya no regresan a la Unión Americana, tengan oportunidades laborales para el desarrollo de su economía.

Asimismo, se consideren la viabilidad de implementar un programa de acción integral dirigido a las familias de migrantes poblanas y poblanos que permanecen en el Estado, con especial énfasis en la garantía de derechos y oportunidades de niñas, niños y adolescentes, que asuma su posición de vulnerabilidad, promueva acciones interinstitucionales e implemente un sistema de evaluación y seguimiento.