El revocación de la concesión de agua potable sí es viable pero debe realizarse con “un diagnostico externo” que demuestre las deficiencias e incumplimiento de la empresa que presta el servicio para evitar el pago de una indemnización, sentenció el diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Carvajal Hidalgo.

En entrevista posterior a encabezar una manifestación frente al Congreso del Estado, dijo que esta movilización ciudadana tuvo como objetivo entregar a los diputados locales un paquete de 11 mil 500 firmas de poblanos que están en desacuerdo con el servicio que presta la empresa Agua de Puebla para Todos o Concesiones Integrales.

Comentó que la decisión de revertir este contrato está en las manos del Gobierno de Puebla y el Poder Legislativo y no del Ayuntamiento de Puebla que, dijo, no tiene la capacidad suficiente para poder brindar el suministro del vital líquido en las colonias y juntas auxiliares de la capital.

Sobre la postura de los regidores del Partido Acción Nacional (PAN) que aseguraron que la cancelación de este contrato generará un pago de indemnización por 7 mil millones de pesos, respondió que hay suficientes argumentos para concretar esta reversión y para sustentarla es necesario de una opinión externa de parte de los expertos.

“Se necesita un diagnostico externo y profesional para saber exactamente las condiciones que guarda el sistema, el monto invertido o no invertido y si tiene que pagarse algo pero creo que no se tiene que pagar (…) Con base en este estudio tomar una decisión transparente pero que es cierto es que no está funcionando el sistema y la gente está gastando”.

Carvajal Hidalgo subrayó que entre las irregularidades de Agua de Puebla para Todos o Concesiones Integrales está el encarecimiento de las tarifas hasta 400 por ciento así como el cobro del suministro en colonias en donde no se está prestando el servicio y esto ha derivado en el gasto semanal de mil pesos por familia para la compra de pipas con agua potable.