El ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Enrique Cárdenas Sánchez, presentó al Congreso un análisis jurídico sobre las cuatro reformas vetadas por el gobierno de Puebla y aseguró que sí se necesita un ordenamiento supletorio para poder abrogar “la Ley Bala”.
Entrevistado en la sede del Poder Legislativo después de entregar este documento a nombre de la agrupación “SUMAMOS”, dijo que las corporaciones policiacas no pueden operar sin un marco jurídico que regule su actuación y proteja los derechos humanos de los ciudadanos.
Resaltó que para generar una nueva Ley que regule el uso de la Fuerza por parte de la policía es necesario contar con la opinión de los expertos y quienes serán los responsables de aplicarla para lograr que sea un ordenamiento integral sin un trasfondo político.
En lo que respecta a la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica Municipal-llamada “Ley AntiBanck”-que regresó a el Cabildo la facultad para nombrar a su presidente municipal sustituto ante la ausencia del titular, señaló que se deben precisar los supuestos y mecanismos para que aplique este ordenamiento.
Además de prever casos extraordinarios en que el Ayuntamiento no logre nombrar el presidente municipal sustituto para asegurar la gobernabilidad del cabildo y no vulnerar la autonomía municipal.
En el tema de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) refirió que es legalmente válido el nombramiento de un encargado de despacho pero debe establecerse con claridad una temporalidad determinada respecto de la ausencia a cubrir, asimismo establecer los que son las ausencias temporales y definitivas.
Sobre la reforma a la Ley de Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable que prohíbe la instalación de anuncios espectaculares en áreas verdes públicas y genera una regulación en las áreas privadas, indicó la necesidad de realizar cambios adicionales.
En este sentido, consideró prudente realizar ajustes en materia de prevención y control de la contaminación visual y reformar la Ley de Vialidad y sus reglamentos con el fin de evitar posibles casos de inconstitucionalidad.
