El Congreso de Puebla analizará reformar el Código Penal para endurecer las sanciones para quienes filtren imágenes de víctimas de un delito que forman parte de una investigación para no “sobre legislar o hacerlo al vapor” y revictimizarla.
La diputada por el Partido Encuentro Social (PES), Nora Merino Escamilla, dijo que la ley vigente establece sanciones que van de tres a diez años de prisión a los servidores 42 mil a 168 mil pesos a los servidores públicos que incurran en esta práctica.
Expresó que lo más preocupante, como ocurrió en el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, es que se filtraron las imágenes de su cuerpo después que fue desmembrado por su agresor generando un daño a la familia de la víctima.
“Si llegara a entorpecer la investigación esta filtración podría llegar hasta la cárcel porque podría convertirse en cómplice de este delito, lo que queremos es reforzar y establecer penas claras porque en este caso si bien no está afectando las pesquisas sí está revictimizando a quien le fue arrebatada la vida de la manera más cruel”.
Merino Escamilla subrayó que los legisladores locales y federales deberán ser muy cuidadosos al momento de presentar iniciativas relacionadas con la protección de las mujeres para no duplicarlas y legislar por “coyuntura mediática”.
