El Contralor del Ayuntamiento de Coronango, Antonio López Espinosa, informó que iniciaron un proceso contra la regidora priista Catalina López Rodríguez, porque presuntamente incurrió en tráfico de influencias para favorecer a su esposo, condonó impuestos a una inmobiliaria y sacó provecho de un programa social para beneficiarse cuando se desempeñaba como consejera jurídica en la administración pasada al mando de Hermelinda Macoto.

Explicó que luego de que concluyan la investigación y de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas en caso de comprobar alguna irregularidad podrían sancionarla por “conflicto de intereses, toda vez que la hoy regidora Catalina López Rodríguez tenía un interés directo en esa operación, entonces si se llegará a comprobar que recibió un beneficio directo o indirecto o tiene una relación con José María Perdomo es una falta grave y de ahí se daría vista a la Fiscalía y ellos darían su investigación por enriquecimiento y administrativamente, una vez terminada, se mandaría al Tribunal Administrativo de la ciudad de Puebla y ellos pueden establecer desde la sanción administrativa como la inhabilitación”.

Recordó que por ser elegida funcionaria por elección tiene un tratamiento especial, esto es, podría ser sancionada tanto administrativamente como de forma penal.

De igual forma, por ser faltas graves su regiduría estaría en peligro, ya que la ley sanciona el tráfico de influencias, el usar información privilegiada u obtener un lucro indirecto.

Mencionó que tienen elementos de prueba, como su declaración patrimonial, la cual en este mes la tendrá que actualizar.

Estableció que existen condiciones para considerar que la cabildante priista favoreció a la empresa de su marido, José María Perdomo Mota, y condonó impuestos a la empresa Desarrollos O de México, a quien le dio inmuebles, “por lo que estaríamos hablando de conflicto de intereses”.

Detalló que estos delitos prescriben a los siete años por ser graves y que desde que recibieron la administración tuvieron conocimiento de la presunta irregularidad, motivo por el cual ya fue citada la empresa, a la cual está por terminársele su término.

“Con esta información que estamos viendo y se está certificando en el expediente, yo creo que podríamos tener el informe, en esta etapa de investigación se emite un informe, que se llama de presunta responsabilidad, lo podríamos tener en un mes el archivo y ya de ahí se pasa a la etapa de sustentación, digo, una vez que tenemos el informe se da vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Contra Funcionarios y aparte empieza ya el procedimiento administrativo, que es de sustentación, donde se le da garantía a la audiencia, se le corre todas las pruebas que tenemos, los elementos, para que ella informe y una vez que se agota esta etapa nosotros lo mandaremos al Tribunal Administrativo”.