En una era donde el juicio social es instantáneo y la condena digital parece perpetua, Jessica Oceguera propone la creación y análisis de una propuesta legislativa sólida para que las personas puedan transitar de ser protagonistas de un “Sacrificio Digital” a ser arquitectos de un marco legal justo: la regulación efectiva de la Desindexación y el Derecho al Olvido en México.
El “Sacrificio Digital” se define como el fenómeno donde una persona es estigmatizada permanentemente por contenidos en redes que, aunque no son ilícitos, han perdido su relevancia informativa y afectan desproporcionadamente su dignidad. Jessica, activista por la autonomía de la mujer, señala que la violencia digital crea barreras laborales y sociales insuperables.
Si bien México cuenta con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Transparencia para el Pueblo y los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), el marco actual es insuficiente frente a los motores de búsqueda. A diferencia de la Unión Europea, donde el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) —inspirado en casos como el de Costeja vs. Google— institucionalizó el derecho a la supresión de enlaces, en México no existe un procedimiento claro de desindexación que pondere el daño personal frente al interés público.
“No buscamos borrar la historia ni censurar el periodismo; buscamos la evolución de nuestros derechos digitales. El objetivo es que un error del pasado o un hecho irrelevante no sea lo primero que define a una persona en un buscador por el resto de su vida”, declara Jessica Oceguera. “Necesitamos criterios objetivos, no subjetivos, para determinar cuándo el derecho al honor prevalece sobre un dato obsoleto”.

Alineada con los estándares de Derechos Humanos, la propuesta que Oceguera propone analizar y trazar una ruta crítica de tres ejes para reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP):

Desindexación, no Borrado: Establecer la figura de “Desindexación por nombre”. Esto obliga a los buscadores a eliminar el enlace de los resultados bajo el nombre de la persona, pero mantiene intacta la fuente original (hemerotecas o archivos), protegiendo así la verdad histórica y la libertad de expresión.
Test de Proporcionalidad y Rol de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y Transparencia para el Pueblo para emitir lineamientos que obliguen a realizar un análisis caso por caso. Se debe distinguir legalmente entre una figura pública en funciones (donde prevalece el interés público) y una persona privada en situación vulnerable. El criterio rector será la “irrelevancia por obsolescencia” o el daño desproporcionado.
Violencia Digital y No Repetición: Alinear esta reforma con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, clasificando el “Sacrificio Digital” como una modalidad de violencia psicológica que requiere medidas de no repetición, evitando que el contenido desindexado sea resubido impunemente para revictimizar.

“El Derecho al Olvido es, en esencia, el derecho a la rehabilitación. Hoy, el internet actúa como una sentencia perpetua sin juicio previo. Esta propuesta debería dar al Instituto de Transparencia para el Pueblo las herramientas para ser el árbitro justo entre la memoria colectiva y la dignidad humana”, enfatiza Oceguera.

Con esta iniciativa técnica y social, Jessica Oceguera convoca a legisladores, al Instituto de Transparencia para el Pueblo y a colectivos digitales a crear mesas de trabajo para redactar los lineamientos que pongan fin a la indefensión digital en México.