El diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado, con el propósito de reconocer el derecho a una muerte digna para personas mayores de edad que tengan diagnóstico médico de enfermedad terminal con plena capacidad de toma de decisiones, lo anterior, determinado por especialistas.

Destacó que esta es una reforma que reconoce el derecho a una muerte digna, en beneficio de las y los poblanos que merecen, hasta el último instante, vivir y morir con dignidad. 

La iniciativa para adicionar la fracción V Bis al artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente. 

Por su parte, la diputada Elisa Limón Balderrabano presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas  disposiciones de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, con la finalidad de regularizar el sistema judicial local para impedir que se lleven a cabo prácticas jurídicas que lleguen afectar la integridad o pongan en peligro a las personas que son parte de un proceso en materia familiar.

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar las fracciones XXV y XXVI y adicionar la XXVII al artículo 380 del Código Penal del Estado, con el propósito de adicionar como agravante del delito de robo cuando se cometa en contra de prestadores del servicio de transporte mercantil de carga, a fin de aumentar la sanción hasta en una mitad de la que corresponda en términos de lo establecido en la norma. 

En tanto, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, con el propósito de definir a la familia social como la persona o conjunto de personas cercanas a la persona desaparecida o no localizada, que mantienen o mantuvieron vínculos significativos de afecto, cuidado, convivencia o acompañamiento solidario, independientemente de las personas familiares.

En su participación, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para establecer como facultad la de celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas para garantizar a los imputados, ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, la disponibilidad de intérpretes y traductores, asegurando su acceso oportuno y permanente, en modalidad presencial o remota, las 24 horas del día y los siete días de la semana. 

Estas propuestas legislativas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.   

La diputada Guadalupe Yamak Taja presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que, a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, realice las medidas necesarias para garantizar la existencia, adecuación o acondicionamiento de espacios destinados a la atención de niñas y niños que viven dentro de los centros penitenciarios o visitan a sus madres privadas de la libertad.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y resolución procedente. 

Durante la sesión se dio cuenta de los siguientes asuntos: 

-Iniciativa de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez para adicionar un segundo párrafo al artículo 11 de la Constitución local, a fin de indicar que el Estado impulsará campañas permanentes por la igualdad y contra todas las violencias para cambiar las conductas y cultura que dañan a niñas, adolescentes y mujeres.

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia y el diputado Elpidio Díaz Escobar para reformar el artículo 13 de la Constitución, con el propósito de reconocer la presencia y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y de las comunidades afromexicanas como sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Así como garantizar el acceso efectivo a la jurisdicción y protección jurídica (con intérprete y defensor culturalmente competente).

Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis. 

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar la fracción II del artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, con el propósito de precisar que las Unidades de Transparencia pertenecen a los Sujetos Obligados y no a las Autoridades Garantes. 

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información para su estudio y resolución procedente. 

-Iniciativa del diputado Oscar Mauricio Céspedes Peregrina para reformar la fracción II del artículo 51 Ter y el segundo párrafo del artículo 56 Sépties del Código Penal, con el objetivo de incorporar de manera expresa el concepto de “carpeta de investigación”, acompañado de disposiciones precisas que obliguen a la Fiscalía General del Estado a resguardar y conservar adecuadamente los billetes y piezas metálicas que, por sus características, resulten necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

-Iniciativa de la diputada Susana del Carmen Riestra Piña para reformar la fracción VII del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para establecer que corresponde al organismo garantizar a las personas imputadas, ofendidas, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, así como a quienes no hablen o no comprendan suficientemente el idioma español, el acceso inmediato, continuo, gratuito y de calidad a servicios de intérprete o traductor en su propia lengua y con pertinencia cultural, en todas las etapas de la investigación y del proceso. 

-Punto de acuerdo de la diputada Araceli Celestino Rosas por el que exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla para que, en el ámbito de sus atribuciones, otorgue prioridad en la atención y trámite de las carpetas de investigación relacionadas con presuntos hechos con apariencia de delito de acoso sexual. 

Asimismo, se solicita que, en todas las actuaciones ministeriales, se apliquen de manera estricta los protocolos especializados con perspectiva de género, garantizando la protección integral de las víctimas, la debida diligencia en la recolección y valoración de pruebas, y el pleno acceso a la justicia.

Las propuestas legislativas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.