Hace apenas un mes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer el llamado “plan B” de reforma electoral, después de que la iniciativa impulsada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, fuera desechada al llegar a la Cámara de Diputados.

En ella, se replantean o modifican múltiples artículos desde tres ejes esenciales: garantizar la igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos político-electorales, presupuesto del 0.70% de los congresos locales, y un tope salarial en conformidad con el artículo 127 de la Constitución respecto de personas consejeras y magistradas electorales del INE.

Estas medidas han desatado el debate en el espacio público, mismo que llegó a la IBERO Puebla con la voz de quienes legislan y discuten esta y otras iniciativas en pleno. En un ejercicio de diálogo y pensamiento crítico, la Universidad invitó a tres ponentes de distintas posturas políticas, Xitlalic Ceja García, egresada de la Institución anfitriona y diputada del PRI, Celina Peña Guzmán, subsecretaria de la SECITHI de MORENA, y Genoveva Huerta Villegas, diputada del PAN, para dialogar sobre el tema.

El diálogo se dio entre las diputadas, ya que la subsecretaria Peña Guzmán no estuvo presente en este foro universitario de ideas. La docente y estudiante de la Maestría en Derechos Humanos, María Fernanda Santos de la Rosa, moderó este conversatorio y orientó la discusión hacia los principios constitucionales, el equilibrio entre la eficiencia administrativa y la preservación de la autonomía de los distintos niveles de gobierno.

Sus preguntas colocaron en el centro el análisis del marco normativo —incluidos los artículos reformados y sus transitorios—, así como los posibles efectos en la organización institucional y en la capacidad operativa de los órganos electorales.

En un segundo momento, la académica condujo el diálogo hacia las implicaciones de las modificaciones al artículo 134 constitucional, enfocándose en su impacto sobre la independencia y funcionamiento del sistema electoral. Bajo este eje, las diputadas examinaron la relación entre ajustes administrativos, condiciones laborales y el desempeño técnico de las instituciones encargadas de organizar los procesos democráticos en el país.

Posteriormente, el intercambio se dirigió a los escenarios prospectivos del sistema electoral rumbo a los comicios de 2027. A través de los cuestionamientos, la conversación promovió la reflexión sobre la capacidad institucional de los organismos electorales, el papel de los tribunales y las condiciones para garantizar la representación de minorías y la paridad de género, destacando la necesidad de evaluar estos elementos desde una perspectiva estructural y de largo plazo.

También, las diputadas centraron el diálogo en el papel de las juventudes y la comunidad universitaria frente a las reformas discutidas y subrayaron la importancia del seguimiento ciudadano, la observación electoral y la participación informada como mecanismos clave para fortalecer la vida democrática y fomentar una cultura política activa.

Este nutritivo momento cerró con un diálogo horizontal con el público presente, en el que la Comunidad Universitaria tuvo la oportunidad de compartir sus inquietudes, dudas y críticas sobre esta iniciativa que impacta en la vida democrática y política del país.