A simple vista, el aseguramiento de un predio repleto de cables, antenas satelitales y procesadores informáticos en Tlaola podría no generar el mismo impacto escénico que un hecho violento con víctimas fatales.
No hay lesionados ni derramamiento de sangre en la fotografía del operativo de la Secretaría de Marina. Sin embargo, no hay que equivocarse: estamos ante un delito de gran magnitud, un esquema sofisticado de crimen de cuello blanco y alta tecnología alimentado por el saqueo sistemático de los recursos del Estado.
El inventario final confirmado por las autoridades federales desmanteló de golpe cualquier intento de minimizar el hallazgo. No eran 300 equipos, sino mil 32 dispositivos de criptominería de alto rendimiento localizados en los límites de Tlaola con Chiconcuautla y Huauchinango. Para poner a funcionar semejante monstruo informático se requiere una infraestructura brutal que ya fue decomisada: cinco transformadores eléctricos, 95 switches de red, 410, cableado de potencia , tres antenas satelitales, una escopeta, 12 cartuchos calibre, una antena de microondas y un compresor de aire.
Es imposible que una operación de este calibre se ejecute en la clandestinidad absoluta sin que nadie lo note. Por ello, la postura del secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, da en el blanco: urge investigar a fondo si existe una cadena de omisión o complicidad institucional.
¿Cómo es posible que una instalación que demanda potencia industrial pase desapercibida ante los ojos de la autoridad local? Quienes conocen el territorio son los policías locales, los directores de área y, por supuesto, los alcaldes, tal y como lo refirió el titular de la SSP en reciente entrevista.
Si las indagatorias de la Fiscalía General de la República confirman una red de complicidades que involucre al presidente municipal de Tlaola, Simón Garrido Morgado, al mando policial edilicio o incluso al diputado del PVEM y directivo sindical, Miguel Márquez Ríos —señalado junto a la cúpula del SME por sectores disidentes—, estaríamos frente a una crisis institucional severa. Que funcionarios públicos o líderes gremiales pacten o faciliten el uso indebido de la infraestructura energética para el presunto lavado de dinero o la minería ilícita significaría la completa entrega del aparato gubernamental a los intereses de organizaciones delictivas.
La impunidad en este tipo de conductas sienta un precedente peligroso. Minar criptomonedas no es ilegal en México, pero saquear la red eléctrica nacional y presuntamente ocultar recursos de procedencia ilícita sí lo es. Las autoridades federales y estatales tienen la responsabilidad ineludible de llegar hasta las últimas consecuencias.
Es momento de demostrar que el fuero, las siglas partidistas y los cargos públicos no sirven como escudo para quienes usan los recursos de la nación en beneficio personal.
