La seguridad de las familias buscadoras y su acceso efectivo a la verdad y la justicia es una obligación irrenunciable del Estado, aseguró la diputada Susana Riestra al presentar un punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades a investigar denuncias públicas de amenazas y reforzar las medidas de protección dirigidas a colectivos de búsqueda.
Recientemente, integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos, hablaron de presuntas amenazas por parte de funcionarios de la Fiscalía y de posibles actos de intimidación de agentes ministeriales, por pedirles que hicieran su trabajo y que agilizaran la búsqueda. “Eso sin contar, las dilaciones y omisiones en las investigaciones a las que de por sí se enfrentan” -dijo la diputada-.
El exhorto también involucra a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que, de manera coordinada, implementen medidas inmediatas de protección, acompañamiento, seguimiento y comunicación institucional para salvaguardar la integridad de las personas buscadoras.
La legisladora subrayó que la desaparición de personas representa una de las violaciones más graves a los derechos humanos, no solo por el daño directo a las víctimas, sino por el dolor, la incertidumbre y el desgaste permanente que enfrentan sus familias.
Finalmente, la propuesta establece que las autoridades deberán informar al Congreso sobre las acciones implementadas para investigar los hechos denunciados y salvaguardar la integridad de las personas buscadoras, garantizando en todo momento la protección de datos personales y de las víctimas.
