Por encima del ruido político hay un tema que casi nadie quiere tocar: la bioseguridad.
Mientras la discusión pública se centró en el traslado de quien se le conoce como “El Animal”, Miguel Ángel Celis Romero y en las lealtades que activó su entorno, se dejó de lado un hecho delicado: personal vinculado a granjas y operaciones agroindustriales participó en movilizaciones ajenas a su función productiva.
No se trata de ciudadanos aislados. Se trata de personal que diariamente opera bajo estrictos protocolos sanitarios en una región cuya economía depende de la estabilidad avícola y porcícola. En el Valle de Tehuacán, un brote de influenza aviar, Newcastle, PRRS o fiebre porcina clásica no es un tema menor: implica sacrificio masivo, cierre de exportaciones y pérdidas millonarias en semanas.
No es una exageración. Tehuacán es el segundo mas grande productor de huevo y todos los días exporta 18 mil cajas del producto, casi alcanzan las 500 mil toneladas anuales y de esta actividad agroindustrial dependen unas 300 mil personas, de manera directa o indirecta.
Nadie evaluó el riesgo sanitario después de las movilizaciones que organizó la defensa del principal imputado. En la actualidad “El Animal” ya está vinculado a proceso por dos delitos distintos, por dos jueces distinto.
Por razones de estabilidad institucional fue trasladado al penal de San Miguel en la capital de Puebla para evitar que como en Tehuacán, despache desde adentro del sistema carcelario como si fuera oficina privada, con el beneplácito de los encargados del lugar.
Pero el foco no es solo penal. Es empresarial. Existe un riesgo real para la estabilidad de la compañía y sus números al intentar utilizar —por intereses personales— una empresa de la cual es societario como si fuera patrimonio exclusivo, tratando a los empleados como si fueran parte de su propiedad. La presión es visible, incluso en redes sociales, donde trabajadores replican mensajes en favor de su supuesta “justicia”.
Y en esta estrategia, por más asesoría que exista, quien está operando la inmersión de la empresa y de sus trabajadores en esta defensa política de bajo nivel es Carlos Tress Orgazón, orquestando una narrativa que compromete estructuras productivas que deberían permanecer al margen.
En contraste, la Asociación de Avicultores y el empresario Gustavo Romero Bringas ya se deslindaron públicamente de esas movilizaciones y de cualquier postura ajena a su función técnica.
Preservar la estabilidad sanitaria, proteger la bioseguridad y blindar la economía del Valle de Tehuacán, que depende del cumplimiento estricto de protocolos y certificaciones debería ser una premisa.
Cuando los procesos judiciales se mezclan con estructuras productivas estratégicas, el costo puede dejar de ser político y convertirse en sanitario y económico.
La pregunta de fondo no es solo jurídica. Es de gobernanza: ¿se está poniendo en riesgo la estabilidad de una industria estratégica por lealtades personales y una estrategia de defensa mal diseñada?
En sectores de alta sensibilidad sanitaria, la bioseguridad no admite distracciones. Un virus no distingue entre simpatías. Y cuando la grilla entra a las granjas, el riesgo no es discursivo: es biológico.
@FerMaldonadoMX
