Hay cifras que pretenden dibujar una realidad amable desde los escritorios oficiales. Nos hablan de estadísticas a la baja, de curvas que se aplanan y de estrategias que rinden frutos. Sin embargo, la crudeza de la calle destruye cualquier narrativa triunfalista: los feminicidios continúan siendo una herida abierta, sangrante e insostenible en nuestra sociedad.
El reciente caso en Puebla de María Fernanda vuelve a ponernos de frente ante el espejo de la indignación. Primero vino la confusión institucional sobre su filiación académica, cuando se difundió que era estudiante de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), versión que la propia institución tuvo que precisar aclarando que ni ella ni su pareja sentimental —hoy detenido por su presunta participación en el homicidio— formaban parte de su matrícula. Pero el debate de fondo jamás debió ser la credencial escolar, sino la indolencia con la que la autoridad de impartición de justifica responde cuando una vida es arrebatada.
Lo que resulta profundamente indignante no es solo el crimen en sí, sino la cadena de negligencias e insensibilidad que le siguen. El señor Evanivaldo, padre de la joven, tuvo que recurrir al altavoz de las redes sociales y los medios de comunicación para hacer una denuncia desgarradora: las diligencias para el levantamiento del cuerpo de su hija tardaron más de doce horas. Doce horas de espera inhumana. Doce horas donde el dolor de una familia quedó suspendido en el aire por la parsimonia de las autoridades.
Esta demora no es un mero retraso administrativo; es la muestra clara del mal actuar de los elementos de la Fiscalía General del Estado. Denota una falta absoluta de empatía, un desempeño deficiente de quienes se supone están al servicio de la sociedad y la permanencia de vicios burocráticos que revictimizan a las familias en su momento más oscuro.
¿Con qué cara se le pide confianza a la ciudadanía cuando la respuesta ante la máxima violencia es la apatía funcional?
A este dolor se suma la revelación del propio padre de la víctima, quien a través de un video que circula en redes sociales señaló que la familia de la expareja presuntamente intentó ocultar el cuerpo y encubrir a su hijo. Este detalle expone otra falla estructural profunda: la complicidad social y familiar que busca blindar a los agresores en lugar de exigir rendición de cuentas.
No podemos normalizar que la burocracia aplaste la dignidad humana ni que las estadísticas oficiales pretendan amortiguar la realidad. Mientras las familias tengan que esperar medio día en una banqueta para que la autoridad recoja a sus familiares cuando les arrebatan la vida, cualquier discurso de progreso o seguridad seguirá siendo una burla para la ciudadanía. La justicia no solo debe llegar: debe dejar de ser indolente.
