Mientras las campañas políticas por gubernaturas, diputaciones o alcaldías acaparan la atención pública, hay una elección silenciosa, pero crucial, que sigue sin despertar verdadero interés ciudadano: la de jueces y magistrados.
En Puebla, los niveles de participación han oscilado considerablemente. En las elecciones de 2018, la participación ciudadana superó el promedio nacional, con más del 65% de votantes acudiendo a las urnas. Sin embargo, para las elecciones extraordinarias de 2019, la cifra cayó drásticamente, alcanzando apenas el 33.4% del padrón.
En los comicios intermedios de 2021, la participación fue de 55.8%. Aunque no es la peor cifra, sigue reflejando una democracia participativa en estado frágil, especialmente cuando se trata de elecciones menos mediáticas.
¿Y qué pasa cuando hablamos del poder judicial?
La participación, el interés y el conocimiento ciudadano prácticamente se diluyen. La mayoría de la población desconoce cómo se elige a jueces o magistrados y mucho menos entiende cuál es su papel dentro del sistema democrático. ¿Quiénes son? ¿Qué decisiones toman? ¿Cómo impactan en la vida cotidiana? Son preguntas sin respuesta para miles de votantes.
Este desinterés no es casual. A diferencia de otros cargos, los aspirantes al poder judicial no hacen campaña, no tienen presencia en medios y rara vez son evaluados públicamente. El proceso de designación suele percibirse como técnico, cerrado e incluso politizado, lo que genera aún más distancia con la ciudadanía.
Ante este panorama, los órganos electorales enfrentan un reto doble: no solo deben garantizar procesos justos y transparentes, sino también convertirse en verdaderos agentes pedagógicos. Es decir, explicar con claridad por qué estas elecciones importan, cómo se vinculan con los derechos ciudadanos y qué consecuencias tiene una mala designación judicial.
Lamentablemente, muchas de las campañas institucionales siguen siendo genéricas, poco atractivas y sin conexión real con el entorno social. No basta con difundir fechas de elección o llamados al voto; hace falta crear estrategias de comunicación que informen, involucren y generen confianza.
La desafección democrática se combate con más democracia, pero también con mejor información. Si aspiramos a una justicia cercana, legítima y funcional, necesitamos que el ciudadano entienda que también tiene poder para influir en quién la imparte.
Los órganos electorales no deben resignarse a ser meros organizadores técnicos. Su papel es clave en la construcción de una cultura cívica que valore, exija y participe en todos los niveles del poder público, incluida —y sobre todo— la justicia.
Y aquí la gran pregunta… ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?
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