Este domingo 1 de junio se llevó a cabo una elección inédita en la historia del país: la designación por voto directo de Jueces, Magistrados y Ministros. Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) hemos seguido de cerca este ejercicio y, como anticipamos desde que inició la discusión de la reforma judicial, se trató de un proceso que no atiende las verdaderas necesidades del sistema de justicia ni garantiza el fortalecimiento institucional que México requiere.
Nuestra posición es clara: Esta elección no puede convertirse en el nuevo modelo para futuros procesos electorales. No debe sentar precedentes para justificar recortes presupuestales, reducir el número de casillas que solo debilitaron la logística electoral, exigir a las autoridades electorales la organización de una elección con poco tiempo, entre otros problemas.
Estamos seguros de que las condiciones que observamos hoy durante la jornada electoral, atentan contra la verdadera democracia, los derechos de los ciudadanos e incluso contra la independencia de los órganos electorales que hemos construido desde la sociedad y que deben seguir sirviendo a la ciudadanía.
El papel que asumimos como observadores electorales nos ha permitido constatar múltiples irregularidades que comprometen seriamente la legitimidad del proceso y ponen en evidencia su fragilidad.
A lo largo de la jornada generamos más de mil reportes y documentamos una baja participación ciudadana, retraso en la instalación de casillas, violencia en algunas casillas y hasta compra de votos en algunos municipios. En diversas casillas se reportó el uso de “acordeones” y mecanismos para inducir el voto, lo que confirma la falta de garantías para un ejercicio auténticamente libre y razonado.
Desde que se anunció la reforma en febrero de 2024, y su aprobación en septiembre del mismo año, se argumentó que esta iniciativa respondía a una demanda ciudadana, que el pueblo quería elegir a sus jueces, y que la elección sería una muestra de legitimidad popular. Sin embargo, la baja asistencia y el desinterés generalizado confirman una verdad incómoda: que esta elección no nació de una exigencia social, sino que proviene de una imposición política mal ejecutada, pero con serias repercusiones en nuestras instituciones y que permea en la inversión y confianza como país.
En los próximos días, desde COPARMEX continuaremos sistematizando los hallazgos y daremos seguimiento puntual al cómputo distrital, a fin de identificar y denunciar cualquier anomalía adicional que pudiera surgir.
Consideramos que las irregularidades detectadas vulneran los principios democráticos y evidencian los riesgos que señalamos desde un principio: una reforma impulsada sin un diagnóstico técnico adecuado, sin consenso plural y sin mecanismos efectivos de evaluación de perfiles. Lo que debía ser una transformación hacia un Poder Judicial más fuerte y confiable, se convirtió en un proceso que prioriza el control político por encima de la autonomía, la profesionalización y la meritocracia.
Esta elección no representa el camino correcto para lograr justicia en México. Un sistema que nombra juzgadores sin transparencia, sin evaluación de capacidades y sin condiciones mínimas de información para la ciudadanía, está condenado a la ineficacia, al fracaso. La justicia no puede ser reducida a un ejercicio de popularidad y menos cuando hay una baja participación de los ciudadanos. La verdadera legitimidad se construye con preparación, imparcialidad y ética.
Defendemos que sin justicia independiente no hay inversiones sostenibles. México no puede aspirar a un desarrollo sin legalidad. La justicia debe ser autónoma, profesional y confiable. Quienes resulten electos o designados deben actuar con independencia y apego a derecho. De lo contrario, no habrá confianza ni inversión que aguante. Defender el Estado de Derecho es defender el futuro del país. Porque lo que está en juego no es una elección, sino el modelo democrático que México ha construido por décadas.
En la Confederación reiteramos que esta no es la reforma que el país necesita y ya está teniendo consecuencias. Cada vez más empresas transnacionales están optando por recurrir a tribunales internacionales para resolver sus controversias, abandonando la jurisdicción mexicana ante la falta de confianza en la justicia local. Y el impacto más severo lo enfrentarán las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que quedarían completamente desprotegidas frente a un sistema judicial politizado o ineficiente.
En COPARMEX no nos quedaremos en la denuncia y señalamientos. Como parte de nuestro compromiso con México, trabajaremos en una propuesta de reforma judicial, construida con base en criterios técnicos, buenas prácticas internacionales y la participación de expertos, organizaciones sociales y actores del sector productivo. Nuestro objetivo es impulsar un sistema que realmente garantice certeza jurídica, profesionalismo y acceso efectivo a la justicia.
Nos mantendremos como observadores permanentes del desempeño del nuevo modelo judicial. Evaluaremos periódicamente su operación, emitiremos informes independientes y continuaremos alzando la voz frente a cualquier intento por debilitar la justicia en nuestro país. Sin un Poder Judicial autónomo, confiable y eficiente, no habrá inversión sostenible, seguridad jurídica ni futuro para México.
