En sesión pública ordinaria el Pleno del Congreso del Estado avaló el dictamen para adicionar diversas disposiciones del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Ciudad Modelo”, con la finalidad de transformarlo en “Capital de la Tecnología y Sostenibilidad”.

Al cambiar su denominación se pretende convertirla en un centro tecnológico de vanguardia, enfocado a la sostenibilidad y la innovación, alineado a las metas, objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030.

Durante la discusión del dictamen, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri consideró que con estas acciones Puebla se encamina a la vanguardia tecnológica, impulsando el crecimiento económico, sin dejar a un lado la inclusión social y el cuidado del medio ambiente.

Por otra parte, el Congreso del Estado declaró aprobado el decreto de fecha 29 de mayo de 2025, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Puebla, a fin de armonizar el ordenamiento con la Constitución federal en materia de transparencia, simplificación administrativa, así como de nepotismo y no reelección.

Asimismo, el Pleno del Congreso declaró aprobado el decreto de fecha 29 de mayo de 2025, por el que se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 3, el primer párrafo del 11 y se adiciona un tercer párrafo recorriéndose en el orden el subsecuente al artículo 123 de la Constitución Política del Estado de Puebla, en materia de igualdad sustantiva y erradicación de la brecha salarial por razones de género.

En más del orden del día, los y las legisladoras aprobaron el decreto por el que se revoca el mandato del Presidente Municipal, las Regidoras, los Regidores y la Síndica Municipal, por lo que se declara la desaparición del Ayuntamiento de San Nicolás Buenos Aires, Puebla.

Asimismo, se designó al Concejo Municipal integrado por las y los ciudadanos siguientes:

Presidente:
José Alejo González Carreón
Miembros:
Imelda Juárez Pérez
Gerardo Hernández Rojas
Martha Alejandra Neri Fabián
Jacinto Jesús Sánchez Ascención
Hilda Araceli Limón González
Venancio Morales Castro
Griselda Pérez Crispín
Mauro Nicolás Álvarez Paredes
Síndica:
Ahydé Bautista Sosa

De igual manera, las y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que la aplicación de productos o compuestos a base de cal en árboles urbanos y suburbano únicamente podrá realizarse de forma regulada, de conformidad con los lineamientos técnicos, científicos y ambientales que emita la Secretaría, considerando la Paleta Vegetal y las condiciones ecológicas, fitosanitarias y climáticas de cada región.

A favor del dictamen se pronunció la diputada Beatriz Manrique Guevara quien señaló que el dictamen se realizó para armonizar prácticas arraigadas con la ciencia y criterios técnicos para una gestión positiva del arbolado urbano; por su parte, la diputada Celia Bonaga Ruíz externó su desaprobación, al considerar que las prácticas de encalado pueden afectar el desarrollo de las plantas.

En más del orden del día, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen para autorizar al Gobierno del Estado la enajenación, bajo la figura de donación a título gratuito, del inmueble ubicado en la Avenida Michoacán 712 de la Colonia Popular Emiliano Zapata, de la Ciudad de Puebla, favor del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Municipal DIF del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para la construcción de un “Centro de Educación Especial del Municipio de Puebla”, que permita al OPD prestar el servicio público de Educación Básica Especial, destinada a aquellas personas con discapacidades transitorias o definitivas.

De la misma manera, aprobaron el dictamen para autorizar al Gobierno del Estado de Puebla, la enajenación, bajo la figura de donación a título gratuito, de una superficie a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para la construcción de un estimado de 800 viviendas en beneficio de las y los trabajadores, como parte del fortalecimiento y apoyo del Programa de Vivienda para el Bienestar impulsado por el Gobierno Federal.

Durante la sesión, el Congreso del Estado también avaló el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de regular la práctica de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, garantizando la protección del derecho humano a la salud y una atención médica certificada.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza consideró que con este dictamen Puebla hace historia a favor de la salud y la práctica responsable de estos procedimientos, con la finalidad de proteger y dar certeza a las personas.

Asimismo, el Pleno del Congreso del Estado avaló el dictamen para expedir la Ley para la Prevención Social y Comunitaria de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Puebla, con la finalidad de contar con un ordenamiento legal que establezca los lineamientos para los planes y programas de prevención, enmarcados en el Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública.

En sus intervenciones, la diputada Guadalupe Vargas Vargas y el legislador Andrés Iván Villegas Mendoza señalaron la importancia que tiene la labor comunitaria y la organización ciudadana como estrategia de prevención del delito, ya que permite atacar las causas de la violencia desde el origen.

Las y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado a supervisar de forma periódica la instalación, habilitación y prestación de los servicios de salud mental y de control de adicciones públicos y privados.

En este sentido, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta y el diputado Roberto Zataráin Leal se pronunciaron a favor del acuerdo, y exhortaron a mantener actualizado el censo estatal de los Centros de Internamiento en Salud Mental y de Atención y Control Contra las Adicciones, así como establecer protocolos de actuación en casos de posible vulneración de derechos humanos.

Durante la sesión, las y los diputados de la LXII Legislatura del Congreso del Estado avalaron el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado de Puebla para que implemente ferias de empleo permanentes dirigidas a madres solteras, con la finalidad de promover su autonomía económica y garantizar el sustento de sus núcleos familiares.

Finalmente, el Pleno del Congreso aprobó el acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales del Estado de Puebla, a que lleven a cabo una evaluación integral de sus administraciones, con el propósito de verificar que sus acciones y políticas se encuentren alineadas con la Agenda 2030, así como con los objetivos y metas establecidas en dicho plan de acción.

En tribuna, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez se pronunció a favor del acuerdo.

En sesión ordinaria de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para modificar el Código Penal, a fin de incluir como agravante del delito de falsedad de declaraciones aquellas conductas que tengan por objeto interrumpir, limitar u obstaculizar el régimen de visitas y convivencias entre una niña, niño o adolescente y alguno de sus progenitores.

Así como las imputaciones falsas sobre el incumplimiento de obligaciones alimentarias, con el fin de proteger el interés superior de la niñez, garantizar la tutela judicial efectiva y preservar la buena fe en los procedimientos de orden familiar.

Al presentar la propuesta legislativa, el diputado José Miguel Trujillo indicó que cuando una persona miente para limitar las visitas con hijas e hijos, se ve afectado el vínculo filial y los nexos familiares.

La propuesta mediante la cual se adiciona la fracción VI al artículo 255 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Por su parte, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa para reformar la fracción I del artículo 338 del Código Penal, con el propósito de establecer que existen razones de género, respecto al delito de feminicidio, cuando el sujeto activo lo cometa por misoginia, odio o aversión a las mujeres, entendiéndose por esto a los actos de rechazo, discriminación, desprecio o intolerancia, basado en prejuicios y estereotipos hacia las mismas.

El diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina presentó una iniciativa para adicionar el artículo 258 Ter al Código Penal de Estado con la finalidad de que se tipifique claramente el delito de usurpación de la identidad, y establecer sus elementos constitutivos, sanciones correspondientes y mecanismos efectivos para su persecución, así como promover una cultura de respeto a los derechos digitales y fortalecer la justicia en beneficio la población.

En tanto, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer el delito de cohabitación forzada; con la propuesta se pretende evidenciar la necesidad de evitar los matrimonios forzados en niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tengan la capacidad para resistirlo.

Por su parte, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y al Código Penal del Estado, en materia de protección de los derechos de los profesionales de la comunicación, periodistas, conductores, locutores y youtubers en contra del uso de la Inteligencia Artificial.

De acuerdo con la propuesta, se considerará discriminación y se sancionará como tal, en caso de limitar, impedir y sustituir el pleno ejercicio de los derechos laborales de las personas profesionales de la comunicación e información, por el uso y la implementación de los sistemas de la inteligencia artificial, vulnerando la protección de sus derechos humanos y el desarrollo de su empleo, ya que es primordial garantizar el derecho al empleo, fortalecer la libertad de expresión y proteger los derechos de autor y la creación de contenido.

Las propuestas legislativas que hicieron las y los diputados antes mencionados para modificar el Código Penal, fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

En dicho órgano colegiado también se analizará la iniciativa de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala para modificar la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el objetivo de establecer como atribución específica de la Comisión Interinstitucional la formulación, aplicación y evaluación de un Protocolo Estatal de Identificación Temprana de Víctimas de Trata de Personas.

Durante la sesión, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública, con la finalidad de crear un fondo para otorgar becas a las hijas e hijos de los cuerpos de seguridad pública, para reconocer las labores que desarrollan los elementos y que los recursos coadyuven en elevar la calidad de vida de sus familias.

A este fondo, podrán acceder a las becas las hijas e hijos de elementos de los cuerpos de seguridad pública en servicio activo y de aquellos que fallecieron en el cumplimiento a sus labores.

Asimismo, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó dos iniciativas para reformar la Ley de Seguridad Privada y la Ley de Seguridad Pública, con la finalidad de establecer que para el ingreso de las personas prestadoras de servicios se deberá observar el principio de paridad de género.

Las iniciativas de la diputada Graciela Palomares y del diputado Andrés Villegas fueron turnadas a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis.

En la sesión se dio cuenta de la iniciativa del diputado José Miguel Trujillo de Ita para reformar el Código Civil, con la finalidad de sustituir el término “auto de formal prisión” por “auto de vinculación a proceso”, para armonizar la legislación civil local con el Código Nacional de Procedimientos Penales y con el modelo procesal vigente en el país.

La propuesta legislativa para reformar la fracción I del artículo 697 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.