Tras la polémica causada por el enfrentamiento legislativo entre tres legisladoras, Nay Salvatori, Delfina Pozos y Graciela Palomares, dos de Morena y una del PRI, por la aprobación fast track de la Ley Ciberasedio, a una de ellas le dio la razón.
En la mesa de análisis del pasado viernes en el noticiero Informe 907 en donde participaron los periodistas, Claudia Lemuz, Agustín Hernández y Carlos Macías Palma, coincidieron en la prontitud de la aprobación y la falta de socialización de la misma.
No hay duda, los legisladores implementaron un proceso de vía rápida para la aprobación de la ley.
Los legisladores debieron haber tomado la misma medida que la Ley Chaleco, posponer su aprobación para mayor concentración de propuestas y hasta tenerla suficientemente debatida.
La petición respetuosa realizada por el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, establece que se hagan los foros pertinentes con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, padres de familia, periodistas, colegios de abogados para revisar el impacto de la Ley de Ciberseguridad.
A lo que de manera pronta, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, respondióque, tras atender el gran interés de los ciudadanos que causó la Ley Ciberasedio, y a petición del ejecutivo, se abrirán las reuniones para medir el impacto de la misma.
En fin, la ley que se aprobara el pasado jueves con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención, tendrá que ir a revisión y a socializarse después de aprobarse y después de publicarse en el Periódico Oficial del Estado.
Esto resulta igual a una calle adoquinada, pavimentada, pero se dieron cuenta que se les olvidó instalar el drenaje, valga la comparación.
Van rumbo a subsanar lo que se aprobó, luego de la gran controversia que desatara no solo en lo local, sino en el ámbito nacional.
Que así sea.
