En abril de 2019, el músico mexicano Armando Vega Gil, muy conocido por haber sido integrante del grupo Botellita de Jerez, decidió suicidarse. Fue acusado reiteradamente y con mucha beligerancia en redes sociales de haber acosado a una menor, años atrás. Ni antes ni después de su muerte hubo acusaciones reales y/o judiciales al respecto y ni siquiera un dato de que eso haya ocurrido. Hay otros casos, incluso de infantes, que han tomado una decisión así de grave, por sufrír ciberasedio.
Hay granjas de bots que acosan y atentan contra las personas desde el anonimato o quienes en sus cuentas atacan y azuzan a otros a desprestigiar, ofender y ensuciar la reputación con señalamientos falsos, pero nadie se detiene a verificarlos. Hay mucha cobardía en esos casos y por las lagunas jurídicas en torno a las redes sociales, éstos quedan impunes.
Eso nada tiene que ver con las publicaciones que, sustentadas en documentos y con datos, hacen un escrutinio de personas y hechos públicos.
El ciberacoso tiene directamente la intención de dañar con estrategias perversas detrás y ante el que, hasta la aprobación de la nueva Ley de Ciberseguridad en Puebla, las víctimas no tenían defensa jurídica. La nueva norma también castiga la usurpación de identidad y el espionaje digital.
Luego de la aprobación de la ley, que sanciona el ciberacoso, en el Congreso del Estado, se ha desatado una campaña en redes que la descalifica, sin conocerla siquiera.
Le llaman una “Ley Censura” y aseguran que coarta la libertad de expresión. Sin embargo, si hacemos una revisión detallada, se trata de una norma que busca sancionar la tergiversación, las mentiras, la ofensa y el acoso en las redes sociales, así como la usurpación y el espionaje, porque esas prácticas nunca podrán ser consideradas libertad de expresión.
La nueva norma otorga a las víctimas de las agresiones en redes sociales la defensa judicial de la que carecían.
No se trata de limitar la genuina libertad de expresar ideas, que está consagrada en la Constitución, sino de darle herramientas de defensa a las víctimas del ciberacoso.
¿A quién pretenden apoyar las campañas que descalifican la Ley de Ciberseguridad? Pues a los acusadores, a quienes usurpan identidad y a quienes espían en redes; a aquellos que desde sus cuentas cobran por atacar a una persona y hacen de eso su modo de vida; son aquellos que desde el anonimato de una cuenta falsa despotrican, tergiversan y mienten, pretendiendo que una mentira mil veces repetida, se convierte en verdad.
Esa era la estrategia que se convirtió en postulado Nazi, con el ministro de Propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels.

¿Algo así acaso se puede defender?
En Puebla, como en el resto del país hay quienes se han convertido en sicarios digitales. Cobran por atacar a personas y a instituciones, sin que haya posibilidad de defensa.
Se están equivocando quienes han repetido mil veces o más, como en la estrategia Nazi, que se trata de una norma que regresiva que limita libertades. Nada más equivocado.
La Ley de Ciberseguridad del estado de Puebla es una herramienta que hacía mucha falta, para que las víctimas del asedio cibernético, de la usurpación de identidad y de espionaje, tengan defensa jurídica.
¿Quién puede estar en contra de eso?
No hay lógica en la descalificación.
Sobre todo, viniendo de manos tan perversas y en una conversación alimentada artificialmente.