Para asegurar la permanencia y conservación del patrimonio en el Estado, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó un punto de acuerdo para exhortar a diversas instancias a que elaboren, implementen, actualicen y supervisen de manera urgente un Plan Integral de Gestión de Siniestros para los recintos históricos y culturales de la entidad.
En sesión ordinaria del Congreso, la legisladora presentó la propuesta que contempla exhortar al Gobierno del Estado de Puebla, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la Secretaría de Arte y Cultura de la entidad, así como a los Ayuntamientos del Estado para que, en coordinación con el Sistema Estatal y las Unidades Municipales de Protección Civil, realicen dicho plan.
Además, se pretende exhortar al titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, en conjunto con la Secretaría de Arte y Cultura y la Coordinación General de Protección Civil para que, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado del próximo ejercicio fiscal y, en su caso, mediante adecuaciones presupuestarias del ejercicio en curso, incorpore, etiquete y garantice recursos para el plan referido.
El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Cultura para su estudio y resolución procedente.
En otro momento, la diputada Guadalupe Yamak Taja presentó una iniciativa para adicionar la fracción VIII al artículo 66 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, con la finalidad de sensibilizar sobre el uso y manejo de artificios pirotécnicos, exponer sus riesgos e impactos a la salud y las afectaciones a la integridad de las personas, seres sintientes y medio ambiente, así como la aplicación de medidas para reducir su detonación.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Protección Civil para su estudio y resolución correspondiente.
Asimismo, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para adicionar el artículo 292 Ter al Código Penal, con la finalidad de tipificar el acoso laboral como delito y sancionar a quien, en el entorno de trabajo, realice actos o comportamientos sistemáticos y persistentes en forma evidente, sutil o discreta, que atenten contra la salud, la integridad o la dignidad de las personas en dichos lugares de trabajo.
La propuesta establece que se impondrán de 15 días a tres meses de prisión y de cinco a 20 Unidades de Medida y Actualización.
La diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal del Estado, con el objetivo de promover un trato igualitario a todas las personas y evitar una distinción entre quienes padecen una enfermedad adquirida por contacto sexual y quienes tienen alguna otra adquirida por diversos medios.
Por su parte, el diputado Elpidio Díaz Escobar presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal, con el propósito de incorporar lenguaje incluyente y no discriminatorio para personas con discapacidad en diversos artículos, que permita mejores prácticas para su atención.
En tanto, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar el segundo párrafo del artículo 225 y adicionar el artículo 225 Ter al Código Penal, con el propósito de adicionar cuatro conductas agravantes del delito de violación a la intimidad sexual.
De manera que la sanción se aumente hasta en una tercera parte cuando: se cometa contra una persona que no pueda comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad para resistirlo; se obtenga algún beneficio no lucrativo; se haga con fines de lucro; o a consecuencia de los efectos o el impacto del delito, la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida.
Además, el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina presentó una iniciativa de reforma al Código Penal, con el propósito de establecer con mayor claridad las conductas que deben considerarse como despojo; asimismo, se propone fijar sanciones proporcionales que incluyan penas privativas de libertad, multas y, en su caso, la prohibición para ser notario nuevamente.
Las iniciativas antes mencionadas para modificar el Código Penal del Estado fueron enviadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
Durante la sesión ordinaria, se dio cuenta de los siguientes asuntos:
-Iniciativa del diputado Andrés Iván Villegas Mendoza para considerar en el Código Penal el delito de “halconeo” que comete quien, sin causa justificada y con la finalidad de auxiliar a personas o grupos delictivos, obtenga, capte, grabe, transmita o difunda información sobre la ubicación, actividades, operativos o despliegues de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia, fuerzas armadas o centros de reclusión.
La propuesta indica que, quien incurra en este delito se le impondrán penas de cinco a 12 años de prisión y multa de 500 a mil 200 Unidades de Medida y Actualización; además, se establece que, estas sanciones aumentarán hasta en una mitad cuando: se utilice a menores de edad, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad; la conducta ponga en riesgo la vida o integridad de servidores públicos o particulares; o se empleen dispositivos tecnológicos como drones, cámaras, sistemas de geolocalización o comunicación encriptada.
-Punto de acuerdo del diputado José Luis Figueroa Cortés por el que exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales para que lleven a cabo la capacitación y profesionalización de los elementos que integran sus cuerpos de seguridad; además, que generen un convenio de coordinación con la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla para dicha formación.
La iniciativa del diputado Andrés Villegas fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, mientras que el exhorto del diputado José Luis Figueroa fue turnado a la Comisión de Seguridad para su análisis.
