En sesión ordinaria, las y los diputados aprobaron el acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla para que, de manera coordinada y en el ámbito de su competencia, implementen operativos permanentes de vigilancia en la zona de Ciudad Universitaria, con el fin de prevenir la comisión de delitos en contra de la comunidad estudiantil.
De igual forma, el Pleno de la LXII Legislatura aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de reconocer la violencia simbólica, definida como todo acto u omisión que reproduce y perpetúa relaciones de dominación, desigualdad y discriminación, mediante patrones socioculturales, roles o estereotipos basados en el sexo.
Éstos se transmiten a través de mensajes, valores, símbolos, íconos, señaléticas, signos, dibujos o imágenes, por los medios de comunicación, las redes sociales, la cultura, la educación, la religión y otros ámbitos sociales, y que contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres en la sociedad o, en su caso, a menoscabar, discriminar o difundir mensajes peyorativos.
Como parte del dictamen también considera la actualización de las denominaciones de diversas dependencias.
Asimismo, el Congreso aprobó el acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que, en el ámbito de su competencia, promueva e implemente las acciones necesarias para garantizar la efectiva atención de los asuntos judiciales en los que estén involucradas personas adultas mayores, tomando en cuenta sus características, necesidades y respetando, en todo momento, el principio de igualdad jurídica de las partes, con el fin de mejorar el derecho a la certeza jurídica y el acceso a la justicia de este grupo vulnerable.
Al hacer uso de la palabra, la diputada María Soledad Amieva Zamora enfatizó que deben reconocerse los derechos para todos los grupos sociales, por lo que con este exhorto se da un paso hacia una justicia más humana, incluyente y consciente del envejecimiento de la población, así como de sus necesidades.
La LXII Legislatura también aprobó el acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos de Caltepec, Chignahuapan, Chila de la Sal, Hueytamalco, Izúcar de Matamoros, Nealtican, Quimixtlán, San Diego La Mesa Tochimiltzingo, San Gabriel Chilac, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador Huixcolotla, Santiago Miahuatlán, Xicotepec, Zacatlán, Zacapoaxtla, Zapotitlán y Zaragoza, para que realicen las propuestas de juez o jueza municipal ante el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de dar acceso a la procuración de justicia a la población de sus municipios.
Durante la sesión, el Pleno aprobó el acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado para que, en atención a sus atribuciones y su suficiencia presupuestal, implemente las acciones necesarias para garantizar la recepción y atención adecuada de las denuncias las 24 horas del día y los 365 días del año en sus agencias del Ministerio Público y/o a través de unidades móviles, en especial en aquellos municipios con mayor incidencia delictiva. Lo anterior, para promover el acceso a la justicia de los y las poblanas y fortalecer la cultura de la denuncia en la entidad.
Sobre el tema, la diputada Guadalupe Yamak Taja indicó que denunciar la comisión de un delito es una responsabilidad ética, por ello, deben fomentarse los canales que permitan a las personas realizar estos procesos y promover acciones para el acceso a la justicia.
PRESENTAN INICIATIVAS EN MATERIA DE FINANZAS
Por otra parte, la Mesa Directiva dio cuenta de dos iniciativas que presentaron diputadas y diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para reformar el Decreto por el que se autoriza a los 217 municipios del Estado de Puebla a que, durante la administración 2024-2027, gestionen y contraten con cualquier institución de crédito uno o varios financiamientos.
Una de las propuestas establece que la fuente de pago sea un porcentaje del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y la segunda, para que se tome del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal. Ambas fueron enviadas a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público para su análisis.
Por otra parte, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, con el propósito de indicar que la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, así como sus titulares o servidores públicos, no podrán realizar inversiones o colocaciones de recursos públicos en instrumentos financieros de riesgo, salvo cuando se cuente con autorización de la mayoría absoluta del Congreso del Estado, previa solicitud fundada y motivada de la persona titular del Poder Ejecutivo.
La propuesta indica que se exceptúan únicamente las operaciones financieras necesarias para la custodia, administración y flujo operativo del gasto público, siempre que se realicen en cuentas bancarias o instrumentos de disponibilidad inmediata y sin riesgo de pérdida del capital, con instituciones financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La iniciativa mediante la cual se reforma el artículo 33 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.
Además, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de dotar de certeza jurídica a la figura de colaboración como modalidad complementaria a coordinación y asociación.
También, incluir expresamente al Gobierno del Estado en el catálogo de sujetos con los que los Ayuntamientos pueden convenir, así como reconocer expresamente la figura de la “colaboración” como modalidad diferenciada de cooperación intermunicipal, entre la Federación y Estado–Municipio, distinta de la coordinación y la asociación, para dar certeza jurídica a prácticas que ya realizan los ayuntamientos poblanos.
La propuesta mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales para su análisis.
Finalmente, la Mesa Directiva dio cuenta de dos iniciativas de la diputada Celia Bonaga Ruiz para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, para establecer que de la Secretaría General dependa la “Dirección General de Archivos”, a fin de tener un mejor desempeño tanto de su estructura como de sus atribuciones.
Ambas propuestas fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.
