La diputada Elisa Limón Balderrabano presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado, con el objetivo de asegurar que las mujeres indígenas tengan acceso efectivo al sistema de justicia penal, así como contar con una legislación que reconozca y atienda de manera efectiva la violencia que enfrentan, proporcionando herramientas legales y procesales que garanticen su seguridad y pleno ejercicio de sus derechos.

Como parte de la propuesta, presentada en sesión ordinaria de la LXII Legislatura, a fin de garantizar la protección de los derechos, se consideran agravantes para distintos delitos, cuando las víctimas sean mujeres, adolescentes, niñas y niños indígenas.

En tanto, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa de reforma al artículo 407 del Código Penal, para considerar una agravante específica cuando el fraude se comete contra mujeres indígenas o afromexicanas y migrantes en situación de vulnerabilidad, personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como cooperativas, sociedades o agrupaciones con participación de obreros, campesinos o pueblos indígenas.

Por su parte, la diputada Beatriz Manrique Guevara presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, con el objetivo de establecer expresamente la responsabilidad penal de quienes recluten o utilicen a menores de edad para fines delictivos, así como el reconocimiento pleno de niñas, niños y adolescentes como víctimas, asegurando su atención, restitución de derechos y reintegración social.

La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala presentó una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Puebla, con el objetivo de promover una sociedad más justa e inclusiva, así como modernizar el lenguaje y eliminar las barreras legales discriminatorias.

Asimismo, la legisladora, en conjunto con el diputado Pavel Gaspar Ramírez, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil del Estado, con el objetivo de establecer que para autorizar la celebración del matrimonio se deberá acreditar plenamente que los pretendientes no se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

El diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 373 y el artículo 375 Bis al Código Penal del Estado, con la finalidad de establecer que, comete el delito de robo de autopartes quien, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas, se apodere de una o varias partes, componentes, accesorios o piezas de un vehículo automotor ajeno. Al responsable, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y multa de 300 a 600 Unidades de Medida y Actualización.

Las iniciativas señaladas con anterioridad fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Por su parte, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado, para establecer como atribución de las personas titulares de las presidencias municipales aplicar y supervisar los procedimientos para el desarrollo policial, la profesionalización y certificación de la policía de su municipio, en términos de lo que establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, señala expresamente que la o el presidente municipal deberá instruir la elaboración del presupuesto anual requerido por el Cuerpo de Seguridad Pública Municipal en materia de certificación.

La propuesta mediante la cual se reforman el acápite y las fracciones IV, X, XI y se adiciona la XII al artículo 23 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla fue enviada a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis.

Durante la sesión, se dio cuenta de los siguientes asuntos:

-Iniciativa del diputado José Luis Figueroa Cortés para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal, con el propósito de establecer que, cometen el delito de fraude educativo las personas representantes, propietarias o responsables de instituciones educativas particulares de nivel superior que ofrezcan servicios educativos o impartan programas académicos correspondientes a profesiones que requieran título y cédula profesional para su ejercicio, cuando omitan informar de manera clara, veraz y visible al público que dichos estudios carecen del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) o de la autorización expedida por la autoridad educativa competente, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

La propuesta enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis, indica que, a quienes incurran en esta conducta, se les impondrá pena de prisión de 10 a 20 años y multa de mil 500 a tres mil Unidades de Medida y Actualización.

-Punto de acuerdo del diputado Marcos Castro Martínez para exhortar a la Dirección General del Registro Civil del Estado a que implemente un programa temporal y gratuito de reposición de documentación oficial de actas de nacimiento, matrimonio, defunción y demás documentos civiles, dirigido a las personas que los hayan perdido a consecuencia de las lluvias e inundaciones registradas en la Sierra Norte y demás regiones afectadas del estado.

-Punto de acuerdo de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Pavel Gaspar Ramírez para exhortar, a través de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas, a los jueces de la capital, itinerantes y por Ministerio de Ley, para que realicen las anotaciones marginales en el acta de nacimiento de las personas de todos actos de su estado civil, así como garantizar que se hagan constar en todos los testimonios expedidos.

-Punto de acuerdo de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Pavel Gaspar Ramírez para que, a través del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, se realicen las anotaciones notificaciones e inscripciones de los regímenes conyugales respecto de los registros de actas de matrimonio llevados a cabo en su demarcación territorial, en los términos de ley y sin costo alguno.

Estos exhortos fueron turnados a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.