Con el objetivo de fortalecer los mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger de manera efectiva el interés superior de la niñez, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Ante la situación que viven miles de mujeres en México, al enfrentar en solitario la responsabilidad económica y emocional de la crianza de sus hijas e hijos, la propuesta legislativa busca eliminar vacíos legales y convertir en un requisito obligatorio la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para diversos trámites ante autoridades.
“No podemos permitir que las madres carguen solas con la responsabilidad financiera mientras los deudores siguen su vida como si nada, y encima, gocen de privilegios del Estado sin consecuencias”, afirmó la diputada desde tribuna.
Acompañada por integrantes de la Colectiva denominada Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, explicó que la iniciativa busca que las autoridades de los tres órdenes de gobierno exijan dicho certificado como requisito indispensable para el trámite, expedición o renovación de procesos administrativos relevantes, entre ellos la obtención de licencias de conducir, pasaporte o documentos de identidad, la participación como candidatos a cargos de elección popular, aspirantes a cargos judiciales, trámites notariales relacionados con bienes inmuebles y solicitudes de matrimonio.
De acuerdo con Susana Riestra, la reforma no busca imponer nuevas sanciones, sino fortalecer un mecanismo institucional que ya existe para incentivar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar condiciones dignas para niñas, niños y adolescentes. En este sentido, destacó que el certificado es gratuito y puede obtenerse mediante medios tecnológicos, lo que facilita su aplicación administrativa sin generar cargas excesivas para quienes sí cumplen con sus responsabilidades.
“Quien cumple con sus obligaciones no tiene ningún problema en acreditarlo. Pero quien evade la pensión alimenticia no puede seguir moviéndose por las instituciones públicas como si nada ocurriera”, subrayó.
Adicionalmente, la diputada presentó un punto de acuerdo para exhortar al Consejo de la Judicatura del Estado a mejorar las condiciones en los centros de convivencia supervisada, con el fin de garantizar procesos judiciales familiares más sensibles y profesionales que protejan la estabilidad emocional de niñas y niños involucrados en conflictos legales entre sus padres.
La legisladora reiteró que el objetivo de estas acciones es construir instituciones que garanticen justicia familiar efectiva y respalden a quienes enfrentan en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus familias.
“Detrás de cada expediente hay niñas, niños y madres que esperan algo muy simple: justicia”, concluyó.
