La fallas estructurales en la Fiscalía General del Estado producen claros de impunidad que favorecen a personajes que ni por asomo tienen rasgos de respeto por la vida humana, como lo esbozó la última entrega de la columna el viernes 23 bajo el título Los viejos vicios que en Puebla favorecen la impunidad.

Ese día se preveía la audiencia de apertura del juicio que debe enfrentar Chema N., un feminicida que por formalismos legales se ha impedido ser juzgarlo como lo que es. Será colocado en la banquillo el 20 de febrero como probable responsable de la desaparición de Paulina Camargo Limón, la jovencita que enlutó a la sociedad y que obligó a sus padres -Rocío y Rolando- a un largo camino lleno de penurias en  juzgados, además del trato indigno de una prensa habituada a tratar con residuos de cañerías.

Será juzgado con un delito por el que debería purgar unos 40 años en lugar de 60 por el de feminicidio debido a error procedimental grave, cometido por la Policía Ministerial, según se desprende de una lectura detallada del caso que llegó a la justicia federal y que obligó a la reclasificación.

Una evidencia probatoria clave fue el hallazgo de restos hemáticos que coincidían con el ADN de Paulina,  en el departamento en el que vivió el imputado que había intentado borrar con cloro, sin conseguirlo por completo. Ese elemento probatorio fue desestimado por la falta de observancia del debido proceso pues ingresaron al lugar sin poseer una orden de cateo.

Hace casi 11 años que un feminicida consiguió evadir esa acusación por una torpeza obvia de quien entonces era Fiscal General, Víctor Carrancá Bourget, el mismo que tramó desde su posición privilegiada para que los responsables de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo en Chalchihuapan un año antes, en julio de 2014, evadieran sus responsabilidades.

Han pasado tres fiscales -Carrancá Bourget, Gilberto Higuera Bernal, Idamis Pastor Betancourt- y nueve titulares del gobierno estatal antes de que llegara a ese cargo Alejandro Armenta y Ia Fiscalía General del Estado es tan deficiente como hace una década.

El 20 de enero el Poder Judicial debió permitir que un probable homicida saliera del ámbito carcelario a la luz de un conjunto de pruebas que la autoridad ministerial no pudo acreditar en el proceso en el que se investigaba a un empresario cuyo ramo es el de las grúas para el arrastre en la región Tehuacán-Tecamachalco de nombre Juan Oscar Lezama, a quien se le había dictado cárcel por 35 años tras el homicidio de Julio César Flores García, sucedido a mediados de 2022.

La disputa por el control del mercado de arrastre en la zona había dado como origen un conjunto de acusaciones y amenazas de muerte de Lezama en contra de Flores García que decidió cumplir con la contratación de dos matones que se encuentran aún detenidos: Jonathan G., y José Manuel R.

La Fiscalía General del Estado fue incapaz de acreditar la forma en que se habían obtenido las entrevistas de quienes aseguraron haber escuchado a Oscar Lezama contratar a los sicarios para terminar con la vida de su competir en el ramo empresarial, también fue incapaz de investigar si quienes señalaron la trama criminal se conocían con los autores materiales del crimen y tampoco el sitio preciso en el que se hizo esa negociación.

Lezama ha hecho pública su intención de cobrar venganza en contra de la familia de la víctima del atentado de aquel 2022, sin que hasta ahora el Estado haya concedido medidas cautelares para proteger a quienes se colocaron en el blanco de un personaje que como en el caso de Chema contra Paulina Camargo, hace casi 11 años, tampoco tiene respeto por la vida ni dignidad humana.

@FerMaldonadoMX