La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que prohíbe la reprobación automática de estudiantes de educación básica abre un debate profundo sobre los modelos de evaluación, la diversidad en las aulas y la necesidad de contextualizar los procesos educativos. Así lo señaló la Dra. Itzel López Nájera, coordinadora de las Maestrías en Educación de la IBERO Puebla.
La académica remarca en primera instancia que históricamente la escuela se ha construido bajo un modelo gradual, en el que el avance de grado está vinculado con la evaluación de aprendizajes, competencias y habilidades adquiridas por las y los estudiantes al ser “un dispositivo de poder graduado”.
Este esquema ocasiona que la evaluación sea parte estructural del sistema escolar, pues tradicionalmente se ha entendido que para avanzar de un contenido o grado escolar a otro es necesario demostrar cierto nivel de aprendizaje.
Sin embargo, la catedrática señala que los procesos formativos van más allá de los contenidos académicos, pues también se desarrollan habilidades sociales, prácticas y lúdicas que no siempre son evaluadas, pero que forman parte fundamental de la educación integral.
Así pues, la Dra. López Nájera considera que la medida avalada por la SCJN puede interpretarse como un intento por construir una política educativa dentro del modelo de la Nueva Escuela Mexicana. “Pareciera que es una medida que busca la ‘justicia’ para igualar o equiparar perfiles de estudiantes para que todos puedan pasar al siguiente grado”, comentó.
No obstante, advirtió que una transformación de este tipo requiere replantear también los procesos de evaluación y acompañamiento pedagógico dentro de las aulas, donde es importante contextualizar los procesos educativos de acuerdo con las condiciones específicas de cada estudiante y de cada territorio.
La Dra. López Nájera explicó que existen desigualdades estructurales que impactan directamente en los aprendizajes, como diferencias en acceso a internet, acompañamiento familiar, condiciones económicas o contextos comunitarios: no es igual el perfil de alguien que tiene conectividad, madre y padre presentes y cuidados constantes, que el de estudiantes de comunidades rurales o precarizadas, donde los tutores han migrado o no están presentes y el cuidado pasa a terceros.
En ese sentido, señaló que una evaluación justa requiere estrategias pedagógicas adaptadas a las necesidades y realidades de cada estudiante. La académica también subrayó que el papel del profesorado es fundamental para acompañar a las y los estudiantes hacia nuevos niveles de aprendizaje, donde “estamos reconociendo la diversidad de nuestras aulas”.
Desde su perspectiva experta, el debate sobre la reprobación no debe centrarse “tanto en el producto final que es una calificación”, sino en los procesos de seguimiento, adaptación y construcción de aprendizajes. La decisión de la SCJN representa una oportunidad para cuestionar estructuras escolares tradicionales y abrir una discusión pedagógica sustentada en la evaluación y la justicia educativa.