La derecha nunca terminó por entenderlo. No se trataba de si era una elección con logística muy compleja. Tampoco, únicamente, de que se ataje ahora la corrupción de los juzgadores y se anule la exclusividad que tenían los ricos del acceso a la justicia. No solamente.

Se trata de que ahora ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de las salas regionales, y magistrados y jueces de circuitos federales, tienen un compromiso con las y los ciudadanos, con aquello que llamamos –con romanticismo– el Pueblo de México. En lugar de trabajar a favor de los poderosos, los oligarcas, la derecha y sus perversos representantes, quienes históricamente han oprimido al pobre y al desprotegido.

Junto con la extraordinaria cifra de participación que se registró en Puebla y en el país, la Elección Judicial ha permitido depositar en la soberanía popular la definición de los juzgadores; pero todavía más importante, ahora el compromiso de los juzgadores, si es que quieren continuar una carrera judicial, por medio del voto popular, es con las y los ciudadanos, en vez de con los poderes fácticos y los patrones de la oligarquía, a quienes tradicionalmente han servido en México.

La carrera judicial ha dejado de pertenecer a las relaciones exclusivamente personales, profesionales y hasta sociales, a los nefastos compadrazgos, sino que ahora estará sustentada, por supuesto, en las capacidades jurídicas de cada aspirante, pero también en la construcción de una buena imagen con base en el trabajo cotidiano, para aspirar a tener el voto popular.

La soberanía del pueblo será, a partir del proceso de este domingo, el verdadero filtro, para garantizar la calidad de los procesos judiciales, a través de sus juzgadores.

Es esto a lo que han llamado la democratización del Poder Judicial. Ya no está en una cúpula oligarca, ya no está en un puñado de políticos, ya no está en el exclusivo margen de los otros dos poderes de La Unión, sino que está en las manos, el pensamiento y el ejercicio, a través del voto popular, de las y los mexicanos.

Además de lo anterior, la reforma que aprobó el Congreso de la Unión, por mayoría calificada, introduce elementos novedosos al anquilosado sistema judicial mexicano, que conserva su esencia de origen romano-germánico, y todavía se resiste a incorporar elementos de otros esquemas del derecho comparado.

Tal vez el mayor avance para el sistema mexicano es la desaparición del Consejo de la Judicatura de la Federación, órgano que se encargaba de revisar la pulcritud del ejercicio de los juzgadores, que ahora será sustituido por una figura más completa: el Tribunal de Disciplina Judicial. Este órgano será el encargado de recibir denuncias —provenientes de cualquier persona o autoridad— contra trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Tendrá personal, recursos y un esquema que le permitirá investigar esas denuncias y, en su caso, sancionarlas. En circunstancias ulteriores, incluso podrá dar vista al Ministerio Público y hasta solicitar juicios políticos, ante el Congreso de la Unión, contra quienes hayan violado la ley.

Sí, la reforma es dolorosa para los ricos, para los poderosos, y para aquellos que han hecho de la justicia una mercancía.

Sí, también es cierto que el proceso es todavía largo para que se den los cambios sustanciales, a partir de la reforma y ahora a partir de la Elección Judicial.

Sí, pero era necesario.

Que la derecha y sus vociferantes recaderos sigan echando espuma por la boca, porque el nuevo Poder Judicial es de una realidad.