El próximo 1 de julio, México vivirá un proceso electoral inédito: la elección de jueces, juezas, magistrados y magistradas. Una convocatoria que, aunque debería marcar un hito democrático, enfrenta una preocupante apatía ciudadana y una organización que deja más preguntas que certezas.
A pocas semanas de la jornada, la falta de interés de la ciudadanía es evidente. No existe una verdadera campaña de difusión sobre quiénes son las y los aspirantes, ni de sus propuestas —si es que acaso las hay—, y el debate público sobre la importancia de esta elección es prácticamente nulo. Paradójicamente, se trata de cargos que tendrán un profundo impacto en la impartición de justicia y en el futuro del Estado de derecho en nuestro país.
Más grave aún es el uso político del proceso. En zonas como Ciudad Serdán, se ha documentado que los llamados “Siervos de la Nación” —operadores del Gobierno Federal— han comenzado una movilización discreta, pero efectiva: buscan reclutar ciudadanos que, a cambio de un apoyo económico, movilicen a conocidos y familiares para asegurar votos a favor de quienes, de antemano, se perfila que serán afines al partido en el poder.
El esquema es simple pero preocupante: 500 pesos por voto y 1000 pesos para el promotor. Una práctica que no es exclusiva de Serdán; se replica en otros municipios del estado, evidenciando una estrategia sistemática para garantizar el control del Poder Judicial a través de una elección que debería ser libre, informada y auténticamente democrática.
A pesar de este panorama, no todo está perdido. Los órganos electorales de México, tanto a nivel federal como local, han demostrado a lo largo de los años su capacidad para organizar procesos electorales transparentes, confiables y apegados a la ley. Desde su creación, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los institutos estatales han construido una sólida reputación basada en el profesionalismo, la autonomía y el respeto a la voluntad ciudadana.
Hoy más que nunca, su trabajo será fundamental. Con su experiencia y compromiso, los árbitros electorales tienen la oportunidad de reafirmar su papel como garantes de la democracia, vigilando que el proceso se lleve a cabo bajo los principios de legalidad, equidad y certeza. En ellos recae la tarea de cuidar que el voto libre y secreto siga siendo la piedra angular de nuestro sistema democrático, incluso frente a los intentos de manipulación y desinterés ciudadano.
La confianza en nuestras instituciones es el primer paso para fortalecer la participación ciudadana y garantizar que el futuro de nuestra justicia no sea decidido en la sombra, sino en las urnas.
Al final, la pregunta que queda flotando es: ¿de qué sirve elegir si el resultado ya está escrito?
Y aquí, otra gran pregunta… ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?
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