Para que los Institutos Municipales de la Mujer o sus áreas equivalentes elaboren y apliquen programas preventivos contra el delito de estupro, orientados a evitar que este tipo de violencia sea una antesala de la trata de personas, la diputada Guadalupe Yamak Taja presentó un punto de acuerdo dirigido a los Ayuntamientos y Concejos Municipales. 

A través del punto de acuerdo, la diputada solicita que estas acciones preventivas se realicen en colaboración con las autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil, a fin de prevenir este delito. 

En sesión ordinaria de la LXII Legislatura la diputada también presentó una iniciativa de reforma al artículo 21 Ter de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene por objeto reconocer la violencia política de género a través de las distintas plataformas digitales, así como la forma en la que se crean contenidos para perjudicar a las personas.  

Las modificaciones hacen referencia a tecnologías como Inteligencia Artificial e incluyen la creación y difusión de campañas de difamación o la generación de cuentas o perfiles falsos de redes sociales, con base en estereotipos de género.

El exhorto de la diputada Guadalupe Yamak fue enviado a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente, mientras que su iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis. 

En representación de diversas diputadas y diputados, el legislador Roberto Zataráin Leal presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer medidas generales de carácter administrativo para la procuración de justicia y determinar expresamente al Consejo de la Judicatura la facultad para proveer sobre ajustes razonables y trato preferencial cuando se trate de personas adultas mayores.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Grupos Vulnerables para su estudio y resolución procedente. 

Durante la sesión, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para expedir la Ley de Atención a Personas Migrantes y Movilidad Humana, con el objetivo de reconocer, promover y garantizar los derechos de las personas migrantes, sin discriminación alguna por situación migratoria, origen, nacionalidad, etnia, lengua, edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, estado civil, religión, convicciones, opinión política, condición socioeconómica o cualquier otra condición. Asimismo, busca fomentar la interculturalidad y garantizar la protección de los derechos inherentes a la movilidad humana.

De acuerdo con la iniciativa, tiene como propósito establecer una ley que reconozca la complejidad del fenómeno migratorio en el territorio poblano y garantice el respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas en situación de movilidad. Constituye, no solo un acto de justicia social, sino también una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo humano, económico y cultural de la entidad.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales para su estudio y resolución correspondiente. 

Por otra parte, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó una iniciativa mediante la cual se declara el día 28 de noviembre de cada año como el “Día Estatal de la Juventud”. 

De acuerdo con la propuesta de la diputada, tiene como objetivo institucionalizar una fecha que convoque a todos los sectores sociales, académicos y gubernamentales a celebrar, valorar y fortalecer el papel de la juventud en el presente y el futuro de nuestro Estado de Puebla.

La propuesta fue enviada a la Comisión de Cultura para su estudio y resolución procedente.

Además, la diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa para armonizar la Constitución del Estado con la Constitución Federal, a fin de incluir un apartado específico que reconozca a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con identidad propia, derecho a la libre determinación, al desarrollo integral, a la consulta previa, libre e informada, y a participar en los asuntos que les afectan.

La iniciativa mediante la cual se reforma el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis. 

Finalmente, la Mesa Directiva dio cuenta de los siguientes asuntos:

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar el párrafo segundo del artículo 66 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el objetivo implementar medidas inclusivas en la educación de las y los estudiantes poblanos con discapacidad, como es la adaptación de los planes de estudios.

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar el artículo 26 de la Constitución del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros respeten su integridad física y psíquica, a fin de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en la sociedad, por lo que queda prohibido el castigo corporal y cualquier forma de violencia familiar, ya sea física, psicológica, económica o patrimonial.

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para adicionar las fracciones XIII y XIV al artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Puebla, con el objetivo de reconocer y garantizar el acceso equitativo de las familias a las tecnologías de la información y comunicación, como medio para su desarrollo educativo, social, afectivo y económico, así como incluir explícitamente el derecho de las familias a participar en los asuntos públicos que les conciernen. 

Las iniciativas de la diputada fueron turnadas a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, así como a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente. 

-Iniciativa de la diputada María Soledad Amieva Zamora para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, con la finalidad de promover la inclusión laboral, el acceso a programas de apoyo y capacitación a las personas con discapacidad, tanto en el sector público como privado, así como fortalecer las atribuciones y el papel de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo para cumplir con estos objetivos.

La propuesta será analizada en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.