El Pleno del Congreso del Estado avaló el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones del decreto por el que se instituye la Medalla al Mérito Docente “Juan C. Bonilla”, con la finalidad de incorporar en el reconocimiento la modalidad de educación inicial e indígena. 

Con estas modificaciones, se incrementa el número de categorías mediante las cuales se entrega la presea, pasando de seis a ocho. Además, se establece que de la información general que proporcione la Secretaría de Educación Pública (SEP), también se tome en cuenta la contribución de las y los docentes en el cumplimiento de los fines de la educación, en términos de Ley.

Al respecto, la diputada Laura Artemisa García Chávez señaló que era necesario incluir en la entrega de esta medalla las categorías de educación inicial y educación indígena, pues en ambas modalidades hay maestras y maestros con formación especializada para alcanzar aprendizajes significativos. 

En otro momento de la sesión ordinaria, se aprobó el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla, con la finalidad de incorporar como integrante del Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a la persona titular del SEDIF, quien fungirá como secretaria Técnica.

El dictamen también reconoce como atribuciones del Consejo Estatal el autorizar las solicitudes para la instalación de Centros de Atención Infantil, informar lo correspondiente al Registro Nacional, así como aprobar los lineamientos de operación de los centros en mención.

La diputada Esther Martínez Romano señaló que ésta es una reforma trascendental para garantizar el desarrollo de la primera infancia, pues se fortalecen las bases institucionales que garantizan que las y los menores reciban atención temprana de calidad. 

Por otra parte, las y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el dictamen para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que los elementos de estas corporaciones sean capacitados y evaluados.

De esta forma, se promueve la unificación de la capacitación y adiestramiento de los elementos operativos de seguridad privada, a través de la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla o de la dependencia o entidad correspondiente.

También, se establece como requisito de ingreso y permanencia del personal operativo de seguridad privada la presentación de la evaluación de control de confianza. Los prestadores de servicios tendrán que gestionarlas de forma periódica y, en caso de no resultar aprobatorias, deberán remitir dentro de los tres días posteriores la documentación que acredite las bajas correspondientes.

En sus posicionamientos, las diputadas Beatriz Manrique Guevara y Delfina Pozos Vergara destacaron la importancia de la profesionalización y la capacitación como ejes estratégicos para atender la seguridad. 

De igual forma, el Congreso avaló el dictamen para declarar al municipio de San Gabriel Chilac como “Capital del Ajo” del Estado de Puebla, en reconocimiento a la relevancia económica y cultural que representa. 

El diputado Rosalío Zanatta Vidaurri destacó la vocación agrícola que tiene el municipio como centro de referencia productiva y cultural del ajo, resultado de la producción y comercialización de este insumo. 

Asimismo, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen para reformar el artículo 96 Bis 2 y adicionar un tercer párrafo al artículo 73 y el artículo 96 Bis 3 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla con el objetivo de establecer que las y los menores tienen el derecho a un acceso y uso seguro del internet como medio efectivo para ejercer sus garantías a la información, comunicación, salud, esparcimiento y no discriminación.

Como parte de las modificaciones, se establece que el Estado garantizará el acceso y uso seguro del internet, promoviendo políticas de prevención, protección, atención y sanción del ciberacoso y todas las formas de violencia que causen daño a su intimidad, privacidad, seguridad y/o dignidad, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

Las diputadas Delfina Pozos Vergara y Leonela Jazmín Martínez Ayala, así como el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, coincidieron en la necesidad de realizar acciones que protejan los derechos de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. 

Las y los diputados de la LXII Legislatura avalaron el dictamen para reformar el Código Civil del Estado, con el propósito de establecer que los alimentos comprendan –más allá de comida, vestido y habitación— el esparcimiento y demás necesidades integrales para el sano desarrollo de las personas.

La diputada Celia Bonaga Ruiz explicó que las modificaciones contemplan que, respecto de las y los menores, los alimentos también comprendan los gastos para la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación media superior del alimentista y para proporcionar algún oficio, arte o profesión que resulte adecuado a sus circunstancias personales.  

En otro momento de la sesión, el Congreso aprobó el dictamen para reformar el primer párrafo del artículo 3, el artículo 5, el primer párrafo y la fracción II del artículo 7 de la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla, con la finalidad de promover oportunidades de acceso a la vivienda adecuada en favor de mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos. De igual manera, incorpora como principios del ordenamiento legal, la igualdad, la perspectiva de género y la no discriminación.

Sobre el tema, las diputadas Floricel González Méndez y Nayeli Salvatori Bojalil señalaron que este dictamen tiene un sentido humano y social, con el que se pretende garantizar el derecho a una vivienda adecuada, pues no solo se trata de un espacio físico, sino de un lugar que debe representar bienestar, paz y tranquilidad para las familias poblanas. 

La LXII Legislatura avaló el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado y al Sistema Estatal DIF para que promuevan la incorporación de al menos el tres por ciento de personas con discapacidad en los centros de trabajo, así como implementar programas de capacitación que les permitan desarrollarse plena y dignamente en el ámbito laboral y profesional.

En su posicionamiento, las diputadas María Soledad Amieva Zamora y Luana Armida Amador Vallejo, así como el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri consideraron que la inclusión laboral es un derecho que debe materializarse, pues todas las personas deben tener acceso a un trabajo digno y formal. 

Durante la sesión, también se aprobó el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, para que considere la inclusión del Estado de Puebla en el “Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera”, en atención al índice de vehículos extranjeros introducidos en la entidad en condiciones de irregularidad, con el fin de otorgar certeza jurídica a las personas propietarias, fortalecer la seguridad pública mediante el control vehicular y contribuir al orden fiscal y administrativo en el Estado.

Finalmente, las y los diputados de la LXII legislatura avalaron el acuerdo para exhortar al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales, a que implementen acciones para disminuir y erradicar la crisis de personas en situación de calle. 

En especial de niñas, niños y adolescentes, a través del diseño e implementación de programas de prevención y atención que incluyan la instalación de albergues, acceso a servicios de salud y alimentación, la reinserción laboral y social, así como campañas de sensibilización ciudadana para fortalecer la inclusión y el respeto de los derechos humanos.