Desde el inicio de la LXII Legislatura, diputadas y diputados han impulsado y aprobado diversas iniciativas para garantizar la igualdad de género, así como para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que se mantiene un trabajo permanente en esta materia.  

Como parte de las acciones legislativas, el Congreso avaló la propuesta de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, para reformar el primer párrafo del artículo 3, el artículo 5 y el primer párrafo y la fracción II del artículo 7 de la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla, con la finalidad de promover oportunidades de acceso a vivienda adecuada, con especial atención a mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos, así como integrar los principios de igualdad, perspectiva de género y no discriminación.

Tras el análisis de la propuesta de la diputada Celia Bonaga Ruiz, la LXII Legislatura aprobó reformas al primer párrafo del artículo 497 y el artículo 498 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de establecer que los alimentos comprendan –más allá de comida, vestido y habitación— el esparcimiento y demás necesidades integrales para su sano desarrollo.

Asimismo, incluir que, respecto de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes los alimentos comprendan, además, los gastos necesarios para la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación media superior del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión que resulte adecuado a sus circunstancias personales.

A partir de la propuesta del diputado Rosalío Zanatta Vidaurri y de la diputada Floricel González Méndez para modificar el artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se aprobaron reformas para considerar en la legislación la violencia simbólica, como todo acto u omisión que reproduce y perpetúa relaciones de dominación, desigualdad y discriminación, mediante patrones socioculturales, roles o estereotipos basados en el sexo.

Los cuales se transmiten, a través de mensajes, valores, símbolos, íconos, señaléticas, signos, dibujos o imágenes, por los medios de comunicación, las redes sociales, la cultura, la educación, la religión y otros ámbitos sociales, y que contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres en la sociedad o, en su caso, a menoscabar, discriminar o difundir mensajes peyorativos en contra de estas últimas.

Entre las iniciativas que fueron aprobadas, también destaca la impulsada por la legisladora Xel Arianna Hernández García, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución del Estado, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de igualdad sustantiva y erradicación de la brecha salarial por razones de género.

De igual forma, las y los diputados avalaron la propuesta de su compañera Azucena Rosas Tapia para reformar el párrafo primero del artículo 18 Bis de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de incluir al personal administrativo en la definición de violencia obstétrica, con el objeto de garantizar que se respete la dignidad, autonomía y derechos humanos de las mujeres en todo momento, creando un entorno seguro, respetuoso y libre de violencia en el ámbito obstétrico.

Con la finalidad de garantizar los derechos de niñas y adolescentes, el Congreso del Estado avaló la iniciativa impulsada por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional para derogar la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal y, con ello, eliminar como facultad y obligación de los presidentes municipales suplir a los menores de edad el consentimiento que necesiten para contraer matrimonio.

En el mismo sentido, el Grupo Legislativo impulsó reformas a la fracción II del artículo 119 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, con el propósito de establecer programas de diseño, elaboración y entrega gratuita de productos de gestión menstrual reutilizables, sustentables y ecológicos, como acción de las autoridades educativas estatales y municipales.

De igual forma, la LXII Legislatura aprobó el dictamen promovido por la entonces diputada Laura Artemisa García Chávez, mediante el cual se reforma el último párrafo del artículo 267 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el propósito de establecer que la persecución en los casos de violación cometida entre cónyuges y concubinos será de oficio.