La reciente reforma judicial en México ha generado un intenso debate sobre el futuro del Poder Judicial y los desafíos que enfrenta ante una transformación estructural sin precedentes. En este contexto, académicos de la UPAEP analizaron los impactos y riesgos de esta reforma.
Se contó con la presencia de Fernando Méndez Sánchez, Director de la Facultad de Derecho; de Claudia Ramón Pérez, profesora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno y de Mariana Durán Márquez, profesora de la Facultad de Derecho de la misma institución.
En su intervención, Fernando Méndez Sánchez abrió la discusión destacando que la reciente reforma judicial marca un antes y un después en la estructura del sistema judicial en México. “Nos encontramos ante una situación preocupante, no alarmante, pero que debe llamar la atención de toda la sociedad. Por primera vez viviremos un proceso de elección de jueces y magistrados a través del voto popular”, explicó.
Para Méndez Sánchez, este nuevo mecanismo electoral plantea dudas sobre la idoneidad de los candidatos. “No podemos permitir que estos cargos se definan por popularidad o campañas mediáticas. Es fundamental que se elijan personas con la preparación y experiencia necesarias para impartir justicia de manera imparcial”, señaló.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para informarse sobre los perfiles de los candidatos. “El conocimiento de la carrera judicial y la experiencia en derecho deben ser los principales criterios para la elección de estos funcionarios”, puntualizó.
Por su parte, Claudia Ramón Pérez abordó la reforma desde la perspectiva de la ciencia política, destacando que la elección de jueces mediante el voto popular podría comprometer la independencia judicial. “Cuando hablamos de la división de poderes, recordemos que su diseño original tenía como objetivo que el poder controle al poder. La autonomía del Poder Judicial es esencial para garantizar el equilibrio democrático”, afirmó.
Manifestó Ramón Pérez que el principal riesgo radica en que la elección de jueces se convierta en un ejercicio de popularidad, más que en un proceso basado en la capacitación y la trayectoria. “El atributo de legitimidad en el Poder Judicial no proviene del voto ciudadano, sino de su capacidad técnica y profesionalismo. Un juez debe ser independiente de los poderes políticos y económicos para impartir justicia con imparcialidad”, explicó.
Otro punto preocupante que mencionó fue la influencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales. “Si el crimen organizado ya ha interferido en otras elecciones, la posibilidad de que también lo haga en la elección de jueces y magistrados es latente. Esto podría comprometer aún más la impartición de justicia en nuestro país”, advirtió.
En su participación, Mariana Durán Márquez subrayó los retos logísticos y técnicos que implica este nuevo modelo de selección. “El diseño de las boletas electorales será complejo, ya que los ciudadanos tendrán que elegir entre numerosos candidatos en distintos niveles del Poder Judicial. Además, la difusión de los perfiles de los aspirantes será un gran desafío para garantizar un proceso transparente e informado”, afirmó.
Otro punto de preocupación es la equidad en la campaña electoral de los candidatos. “Recientemente, el INE ha discutido la asignación de presupuestos diferenciados para los aspirantes. Esto podría traducirse en que quienes tengan mayores recursos económicos tendrán mayor capacidad de difusión, dejando en desventaja a aquellos con menos financiamiento, pero con más capacidad y experiencia”, expuso.
Además, alertó sobre la posibilidad de una baja participación ciudadana en este proceso inédito. “Es necesario diseñar estrategias para que la ciudadanía se involucre y entienda la trascendencia de esta elección. De lo contrario, podría prestarse a manipulaciones y distorsiones”, agregó.
Los expertos coincidieron en que la reforma judicial y la elección popular de jueces y magistrados representan un desafío para el sistema democrático de México. La preocupación central radica en la posible pérdida de independencia del Poder Judicial y en los riesgos de politización del sistema de justicia. Además, la influencia del crimen organizado y los problemas logísticos en la organización de las elecciones también representan amenazas latentes.
Ante este panorama, los académicos de la UPAEP hicieron un llamado a la ciudadanía para informarse, analizar los perfiles de los candidatos y participar de manera activa en este proceso histórico. “El futuro del Poder Judicial está en juego, y la responsabilidad de proteger su independencia recae en todos nosotros”, enfatizaron.
El sistema judicial en México se encuentra en un punto de inflexión, enfrentando desafíos que requieren reformas estructurales para garantizar su independencia, paridad de género y eficiencia. La reciente discusión sobre la integración del Poder Judicial y la elección de sus integrantes ha generado un debate amplio en el que académicos y expertos han aportado su visión sobre los retos y oportunidades que enfrenta la justicia en el país.
Además de la cuestión de género, Durán Márquez enfatizó la necesidad de fortalecer el proceso de selección y evaluación de los funcionarios judiciales para asegurar que quienes ocupen estos puestos sean personas con la formación y experiencia necesarias. “No se trata solo de incluir más mujeres en el sistema, sino de garantizar que sean perfiles capacitados, con una visión incluyente y un alto sentido de justicia”, mencionó.
El futuro del Poder Judicial en México dependerá, en gran medida, de la capacidad de la sociedad para involucrarse activamente en su reforma, asegurando que se promueva la independencia judicial, la paridad de género y la eficiencia en la impartición de justicia. La elección de jueces y magistrados en 2025 representará una oportunidad clave para evaluar estos cambios y su impacto en el sistema de justicia mexicano.
En este contexto, la transparencia y la rendición de cuentas juegan un papel fundamental en la construcción de un Poder Judicial confiable y legítimo. La implementación de mecanismos de evaluación y supervisión, así como la promoción de una cultura de legalidad y ética dentro de la judicatura, serán esenciales para que los ciudadanos recuperen la confianza en la impartición de justicia en México.
Finalmente, los expertos coincidieron en que el reto no solo radica en la paridad y en la elección de los jueces, sino en un cambio estructural más profundo que garantice que el Poder Judicial actúe de manera independiente, con criterios basados en la justicia y no en intereses políticos o económicos. La discusión sobre la reforma judicial debe centrarse en mejorar la administración de justicia, reducir la corrupción y garantizar el acceso equitativo a la justicia para todos los ciudadanos.
