La diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa en materia de armonización penal sobre el delito de extorsión, con el propósito de evitar una contradicción con el régimen nacional y, en específico, lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Con la propuesta, se plantea derogar el artículo 474 Ter del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el cual se establece que, a quien por medio de un animal de compañía extorsione solicitando a cambio de su restitución un beneficio económico o en especie se le impondrá de dos a cuatro años de prisión y de doscientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización.
“La subsistencia de este artículo genera una contradicción evidente con el régimen nacional. Mientras la legislación poblana establece una pena de dos a cuatro años de prisión para la extorsión cometida mediante un animal de compañía, el artículo 15 de la Ley General prevé una pena básica de quince a veinticinco años. La permanencia simultánea de ambos preceptos puede provocar dudas respecto de la norma aplicable, interpretaciones contradictorias, tratamientos diferenciados y litigios innecesarios en perjuicio de la certeza jurídica que debe regir en materia penal”, explica la iniciativa.
En su propuesta, la diputada Fedrha Suriano precisa que esta derogación no implica la despenalización de la conducta ni deja sin protección a los animales de compañía o a las personas responsables de su cuidado, pues quien se apropie o retenga a un animal y, aprovechándose de esa circunstancia, obligue a otra persona a entregar dinero, bienes o cualquier otro beneficio para recuperarlo, podrá ser investigado y sancionado por el delito de extorsión previsto en la Ley General, siempre que se acrediten sus elementos.
De la misma forma precisa que el Código Penal del Estado mantiene el artículo 474 Bis, que sanciona a quien se apropie de un animal de compañía sin el consentimiento de la persona propietaria o cuidadora, así como las demás disposiciones destinadas a prevenir y sancionar el maltrato, la crueldad, el abandono y otras conductas que afectan el bienestar de los animales, por lo que la derogación no elimina la tutela penal local en materia de bienestar animal, sino que separa correctamente dicha materia de la regulación del delito de extorsión reservada al Congreso de la Unión.







