Dejar un cargo no cancela conflictos de interés del pasado. Tampoco sustituye las explicaciones que una figura pública debe ofrecer cuando sus aspiraciones políticas conviven con disputas personales.
Olga Lucía Romero quiere gobernar Tehuacán. Antes de pedir esa responsabilidad tendría que explicar qué intereses mantiene alrededor del conflicto legal por la herencia de Socorro Romero Sánchez y qué garantías ofrece de que una eventual presidencia municipal actuaría con imparcialidad.
La pregunta adquiere relevancia por una resolución concreta.
El 30 de octubre por la Primera Sala Unitaria de lo Penal de Puebla, donde se revocó el sobreseimiento que desde el 2 de junio favorecía a Miguel Ángel Celis Romero en una causa por presunta extorsión.
La decisión dictada en el toca 34/2026 a partir de una apelación de la Fiscalía, ordena continuar el procedimiento.
También deja a salvo las facultades del Ministerio Público para solicitar un pronunciamiento sobre medidas cautelares. Para Celis, eso significa que, además de continuar su defensa, podría enfrentar una nueva discusión sobre restricciones a su libertad. Es decir, pende la probabilidad de hacerlo regresar tras las rejas.
Precisamente por sus consecuencias, esta decisión merece algo más que un titular triunfalista. Otra vez las instituciones juegan a favor de Olga; Fiscalía y Poder Judicial a su disposición.
La Sala sostiene que el juez no justificó suficientemente el cierre del caso. Ese razonamiento puede y debe someterse al escrutinio público. La independencia judicial no exige silencio de la sociedad, sino decisiones que resistan preguntas puntuales.
También la Fiscalía debe responder por sus prioridades. Los criterios determinan el impulso de sus asuntos y la manera de cómo garantiza la misma diligencia a una persona sin apellido influyente sin conocidos políticos ni capacidad de convertir su expediente en noticia.
Este caso demuestra que en Puebla la justicia es selectiva. Y permite plantear una exigencia elemental: la energía institucional debe estar disponible para todos. Quien espera una investigación por un robo, una agresión o un fraude merece atención aunque su denuncia no produzca una sola columna.
En el entorno empresarial se refiere, además, un acercamiento entre Miguel Ángel y Alfonso Celis para fortalecer al Grupo Socorro Romero Sánchez, generar mayor inversión y certidumbre a todos sus colaboradores.
Y cuando parece que todo camina a favor del desarrollo económico de Tehuacán, vuelve Olga.
Con su posición e interés de aclarar cualquier interés personal relacionado con esta disputa y explicar cómo lo separa del ejercicio del poder. Un día busca favores en Fiscalía y Poder Judicial, y al siguiente se dice una ciudadana más.
Tehuacán merece conocer esas respuestas antes de una candidatura y, desde luego, antes de una alcaldía.
Administrar una ciudad exige gobernar para todos. La Fiscalía y los tribunales deben servir a la justicia. Y ningún proyecto político debería encontrar en las instituciones una extensión de sus intereses particulares.
@FerMaldonadoMX
