Hay decisiones de política pública que no necesitan debate largo porque la evidencia ya habló. La regulación del uso de celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas es una de ellas.
El 3 de septiembre de 2026, el secretario de Educación Mario Delgado anunció que la SEP trabaja ya con las autoridades educativas de los 32 estados en un acuerdo nacional sobre el uso de celulares y pantallas en las escuelas — una iniciativa impulsada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum. No es una medida menor ni una moda. Es una respuesta seria a un problema que ha crecido en silencio dentro de las aulas y en la vida de millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos.
Los datos son contundentes. La exposición sin límites ni propósito pedagógico a pantallas y redes sociales durante la jornada escolar genera consecuencias documentadas: ansiedad, baja autoestima, trastornos alimenticios, autolesiones y depresión en menores. Pero hay una consecuencia que muchas veces se nombra al final y debería nombrarse al principio: el bullying.
El celular no inventó el acoso escolar. Pero lo transformó en algo mucho más difícil de contener. Antes, el bullying terminaba cuando sonaba la campana. Hoy sigue en el grupo de WhatsApp, en el video que alguien grabó sin permiso y compartió, en el comentario que acumula reacciones mientras la víctima duerme. El acoso que antes se quedaba en el patio ahora tiene alcance ilimitado, audiencia infinita y no descansa nunca. Una niña que es humillada en el salón puede llegar a casa y encontrar que esa humillación ya tiene cien vistas. Eso no es un problema de disciplina escolar. Es una crisis de salud mental que el sistema todavía no sabe del todo cómo responder.
Y en medio de esa crisis están los maestros y las maestras. Solos, muchas veces, enfrentando situaciones para las que nadie los preparó. Porque la formación docente no contemplaba gestionar conflictos que ocurren en plataformas que cambian cada año, moderar dinámicas grupales que se construyen en redes sociales antes de que empiece la clase, o detectar el acoso digital que no deja huellas visibles en el cuerpo pero sí en el estado de ánimo de un estudiante que llega cada vez más callado.
Los maestros y las maestras de este país merecen reconocimiento, sí. Pero más que reconocimiento merecen condiciones. Merecen formación actualizada para enfrentar los retos reales del aula de hoy. Merecen protocolos claros cuando hay un caso de acoso. Merecen que la sociedad entienda que su trabajo no termina en explicar contenidos — incluye sostener emocionalmente a grupos enteros de niños que llegan al salón cargando cosas que ningún plan de estudios anticipó. Redignificar el trabajo docente pasa también por esto: por reconocer que la escuela de hoy enfrenta desafíos que van mucho más allá de lo académico, y que quienes están al frente no pueden seguir haciéndolo solos y sin herramientas.
Pero seamos honestos: la escuela no puede resolver sola lo que empieza en casa.
Como padres y madres de familia tenemos una responsabilidad que no podemos delegar ni al maestro ni al gobierno. Somos nosotros quienes entregamos el celular. Somos nosotros quienes muchas veces no preguntamos qué hace nuestro hijo con él durante horas. Somos nosotros quienes normalizamos la pantalla como compañía, como premio, como forma de tener paz en casa sin preguntarnos a qué costo.
Un acuerdo nacional sobre celulares en las escuelas funciona si llega a casa con la misma seriedad. Si los padres establecemos límites de tiempo. Si conversamos con nuestros hijos sobre lo que ven y lo que sienten en redes. Si aprendemos a detectar las señales de que algo no está bien — el hijo que ya no quiere ir a la escuela, la niña que se vuelve más callada, el adolescente que revisa el celular con angustia. Esas señales hablan. Hay que saber escucharlas.
La regulación del uso de celulares no es la solución a todo. Pero es un paso necesario. Es devolverle al aula su propósito. Es darle a los maestros un marco claro. Es proteger a las infancias de un entorno que, sin reglas compartidas entre escuela, familia y Estado, las expone a dinámicas que nadie debería enfrentar solo.
En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta ha sido consistente en poner la infancia en el centro. Esta medida encuentra aquí un terreno fértil para aplicarse con seriedad y con el acompañamiento que docentes y familias necesitan.
Actuemos juntos. Escuela, familia y gobierno. Por las infancias. Siempre.
