Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la legalidad en los municipios, el gobernador Alejandro Armenta Mier, hizo un llamado respetuoso a todos los partidos políticos para que eviten postular a personas vinculadas con actividades delictivas como aspirantes o candidatos a cargos públicos, al advertir que permitirlo representa un riesgo para la gobernabilidad y el bienestar de la población.
Armenta Mier apuntó que la seguridad es una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, por lo que las dirigencias partidistas deben realizar revisiones rigurosas de los perfiles que buscan competir en procesos electorales. Destacó que, desde el Gobierno del Estado, se mantiene una política de cero tolerancia a la delincuencia, así como acciones coordinadas en las Mesas de Seguridad con autoridades federales y municipales para identificar zonas de riesgo y atender fenómenos como huachicoleo, robo de vehículos, narcomenudeo y extorsión.
En este contexto, el gobernador advirtió que cuando grupos delictivos logran infiltrar procesos políticos y obtener cargos públicos, se generan redes de complicidad que afectan a la ciudadanía y a la actividad económica. Señaló que existen reportes de empresarios que han denunciado cobros indebidos o presiones irregulares por trámites municipales, lo que refuerza la necesidad de garantizar que quienes aspiren a representar a la ciudadanía cuenten con integridad y apego a la ley.
Asimismo, reiteró que su administración continúa con el fortalecimiento de estrategias integrales de prevención social mediante el impulso al deporte, la cultura, la educación y programas de desarrollo social, en coordinación con el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas acciones se complementan con operativos de seguridad y la participación de instituciones federales, estatales y municipales para combatir la delincuencia y proteger a la población.
El Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso de actuar con legalidad, transparencia y responsabilidad pública, al promover procesos democráticos libres de corrupción.
