Para fortalecer la protección de los derechos humanos y atender una deuda histórica con las familias de personas desaparecidas, la Diputada Susana Riestra, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, mediante la cual se reconoce formalmente a las madres, padres y familiares buscadores como defensoras y defensores de derechos humanos.
Puebla, dijo, ocupa el segundo lamentable lugar a nivel nacional en desapariciones. En el 2025, en promedio, cada día desaparecieron diez personas, “frente a esa herida, este Congreso no puede hablar a la ligera. No debemos olvidar que cada palabra que pronunciamos aquí, que cada propuesta presentada o aprobada aquí, tiene consecuencias reales en la vida de las y los poblanos”, precisó.
La Diputada Riestra señaló que la iniciativa tiene el propósito de garantizar medidas integrales de protección y apoyo, de carácter prioritario y sin dilación; la prohibición expresa de cualquier forma de violencia o criminalización contra las personas buscadoras, considerándolo un agravante; y la obligación de implementar políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos, que incluyan apoyo psicosocial, económico, logístico y acompañamiento institucional.
Esta iniciativa que fue trabajada de manera coordinada con el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, retoma planteamientos, experiencias y demandas expresadas públicamente, con el objetivo de construir una propuesta legislativa sensible, legítima y alineada a la realidad que enfrentan diariamente las familias buscadoras en el estado.
“La búsqueda de una persona no es una concesión del Estado, es una obligación constitucional. En un Estado de derecho, cumplir una obligación no puede convertirse en la base de un castigo. Nadie puede ser castigado penalmente por haberse ido voluntariamente, cualquiera que sea la circunstancia o motivo”, puntualizó.
La reforma parte del reconocimiento de que las familias —en especial las madres buscadoras— constituyen la primera línea de búsqueda frente a la desaparición de personas, enfrentando riesgos, amenazas y omisiones institucionales.
En este sentido, Susana Riestra manifestó que la búsqueda de una persona no es una concesión del Estado, es una obligación constitucional. “En un Estado de derecho, cumplir una obligación no puede convertirse en la base de un castigo. Nadie puede ser castigado penalmente por haberse ido voluntariamente, cualquiera que sea la circunstancia o motivo”, señaló.
Por ello, se busca armonizar la legislación estatal con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente con la Constitución Federal, la Ley General en Materia de Desaparición, así como con tratados internacionales ratificados por México.
La iniciativa responde también a recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen una protección reforzada para personas defensoras de derechos humanos.
Asimismo, atiende una demanda directa de colectivos de búsqueda en Puebla, que han solicitado el reconocimiento y protección legal para realizar su labor en condiciones de seguridad y dignidad, colocando en el centro a las víctimas y a quienes, desde la sociedad civil, luchan por la verdad y la justicia.
