La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, con la finalidad de incorporar a la legislación estatal un marco específico de prevención y control del uso de tecnologías de vigilancia y extracción de información digital por parte de los sujetos obligados.
Mediante la propuesta, se pretende establecer expresamente la prohibición de utilizar tecnologías de vigilancia con fines de persecución política, intimidación o represalia. Asimismo, proteger especialmente a periodistas, comunicadores, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos frente a la vigilancia motivada por el ejercicio legítimo de sus actividades.
De la misma forma, se busca establecer obligaciones de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad en el tratamiento de información obtenida mediante herramientas tecnológicas especializadas. Además, exigir registros y bitácoras de las operaciones de extracción, consulta, análisis y transferencia de información digital.
La propuesta contempla fortalecer los mecanismos de supervisión, auditoría y rendición de cuentas; establecer responsabilidades administrativas por el uso de tecnologías de vigilancia en contravención a estas disposiciones; y garantizar que las herramientas tecnológicas utilizadas para la investigación de delitos no sean empleadas para fines ajenos a las atribuciones legales de las instituciones.
La diputada Delfina Pozos indica en la iniciativa que no se pretende obstaculizar las investigaciones ministeriales ni las actividades legítimas de seguridad pública, sino garantizar que se desarrollen con pleno respeto a los derechos humanos y bajo los controles constitucionales correspondientes.
De acuerdo con la diputada, herramientas como los sistemas de geolocalización, monitoreo digital, extracción de información de dispositivos electrónicos y análisis de comunicaciones pueden ser útiles para investigar delitos, pero representan un riesgo para los derechos humanos cuando se utilizan sin controles legales o con fines ajenos a la seguridad y la procuración de justicia.







