El próximo jueves 10 de septiembre se desahogará la audiencia de pruebas y alegatos del proceso de revocación de mandato a la presidenta municipal de Acatlán de Osorio.
El presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso de Puebla, Julio Huerta Gómez, señaló que están citados los regidores y la alcaldesa, Guadalupe Lucero Bárcenas.
Subrayó que una vez que fue radicado el expediente se tiene que dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, para garantizar la legalidad a ambas partes.
Precisó que la alcaldesa y los integrantes del Cabildo de Acatlán tendrán un tiempo de 30 minutos para exponer sus argumentos y defenderse de las acusaciones hechas.
“Estaremos en el Congreso hablando con ellos para que actúen conforme a su derecho, para que ellas y ellos ofrezcan alegatos, para que en fecha posterior tengamos una mesa de trabajo y analicemos todos los documentos, toda la información y determinemos qué va a proceder allá en Acatlán de Osorio”.
Huerta Gómez reveló que la comisión ya tiene en su poder el resultado de la auditoría extraordinaria que realizó la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la administración municipal.
Agregó que también cuentan con el documento enviado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) sobre las mesas de diálogo realizada entre los involucrados en el conflicto.
Hay que señalar que en días recientes fue exhibida la constancia de mayoría que el Instituto Electoral del Estado (IEE) otorgó a Lucero Bárcenas y en ella se confirma que su suplente es su madre, María Isabel Bárcenas Soriano.
Además de que Lucero Bárcenas está señalada por diversas irregularidades en su actuar público como presidenta municipal de Acatlán, sus viajes al extranjero y la compra de ropa de diseñador con altos costos.
Así como la existencia de abusos de autoridad, inconsistencias en la aplicación del presupuesto, el incremento de su salario y la creciente inseguridad en el municipio de la región mixteca.
Asimismo que los regidores aprobaron la destitución del secretario general del Ayuntamiento y el secretario de Seguridad Pública, por diversas irregularidades en el desempeño de sus funciones.
