El tribunal de las redes sociales dictó su veredicto mucho antes que las instituciones. La estruendosa “funa” digital que recibieron las diputadas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares tras la difusión de su polémico video no solo se volvió viral en cuestión de minutos; dejó al descubierto el agotamiento de la sociedad cansada del espectáculo político desprovisto de sustancia.
Lo que inició como una búsqueda desesperada de clics y posicionamiento en plataformas digitales terminó por estrellarse contra el rechazo popular. Aunque en un primer momento ambas legisladoras se negaron rotundamente a ofrecer una disculpa pública, la presión mediática y el enojo social las obligaron a ceder. La rectificación llegó tarde y sin convicción, pero el daño a la investidura legislativa ya estaba hecho.
El caso escaló de las tendencias en X y TikTok a las instancias formales de sanción. La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena determinó la suspensión temporal de los derechos partidistas de ambas representantes, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó directamente al Congreso del Estado de Puebla a implementar protocolos estrictos para evitar que nuevos episodios de esta índole vuelvan a manchar el trabajo parlamentario.
Sin embargo, en las calles y en la conversación digital el sentimiento es unánime: los ciudadanos exigen que las investigaciones en curso no queden en amonestaciones cosméticas o medidas temporales, sino que concluyan en una sanción ejemplar. La indignación se aviva día a día porque, lejos de asumir con madurez el impacto de sus acciones, tanto Salvatori como Palomares, continúan desafiando los hechos a través de publicaciones socarronas e indiferentes en sus redes sociales, evidenciando una desconexión preocupante con la responsabilidad del cargo que ostentan.
Este episodio debe marcar un punto de inflexión de cara a los próximos procesos electorales. Se vuelve urgente lanzar un llamado firme a los partidos políticos y a sus dirigencias: es momento de jubilar la práctica de postular perfiles hipervirales cuyo único mérito es el nivel de conocimiento mediático o la capacidad de generar tendencia.
Ganar una elección a costa de la frivolidad le sale muy caro al ejercicio público. La representación popular exige perfiles preparados, con rigor ético, capacidad legislativa y un profundo respeto por los ciudadanos a la que sirven.
Por su parte, los electores tenemos la responsabilidad de ejercer un voto verdaderamente crítico. Evaluar la trayectoria, las propuestas y la madurez de quienes aspiran a un cargo público es la única herramienta para frenar el circo político.
Permitir que la banalización ocupe los escaños en el ámbito público no solo degrada el debate legislativo; carcome las bases de la democracia y erosiona la confianza en la representación popular. Cuando la política se reduce a un contenido para redes sociales, quien pierde, de forma sistemática, es la sociedad.
