Las comparecencias de los secretarios del gobierno de Alejandro Armenta, derivadas de su Primer Informe de Labores, representan un ejercicio relevante de rendición de cuentas y una oportunidad para dimensionar el alcance real del trabajo realizado durante el primer tramo de la administración. No se trata solo de cumplir con un requisito legislativo, sino de transparentar avances, reconocer aciertos y señalar con claridad los pendientes.
En diversas áreas del gobierno estatal, el trabajo es tangible: programas que ya operan en territorio, acciones orientadas a la atención social, impulso a proyectos estratégicos y una mayor presencia institucional en regiones históricamente relegadas. Estos esfuerzos reflejan una intención clara de conducción y cercanía con la ciudadanía, elementos que marcan diferencia frente a administraciones anteriores.
No obstante, el ejercicio de comparecencias también permite identificar desigualdades en el desempeño del gabinete. Mientras algunos secretarios han logrado posicionar sus políticas y generar resultados medibles, otros mantienen un perfil bajo, con escasa comunicación pública y avances poco visibles. Este contraste no descalifica al conjunto del gobierno, pero sí evidencia áreas donde es necesario reforzar la estrategia.
En este contexto, los posibles ajustes o enroques dentro del gabinete deben entenderse como una herramienta legítima de fortalecimiento institucional. El gobernador Alejandro Armenta cuenta hoy con mayores elementos para evaluar el desempeño individual y colectivo, identificar dónde se requiere mayor capacidad operativa y dónde conviene aprovechar mejor ciertos perfiles.
Lejos de interpretarse como signos de debilidad, los cambios bien planeados pueden convertirse en una señal de madurez política y compromiso con las y los poblanos. El objetivo debe ser claro: consolidar lo que está funcionando, corregir lo que no y garantizar que cada dependencia responda a las prioridades del desarrollo estatal, la estabilidad social y el bienestar ciudadano.
El desafío empresarial y económico en Puebla
Este análisis político se cruza inevitablemente con la realidad económica de Puebla. La presentación del Plan de Trabajo 2026–2028 de Juan Pablo Cisneros Madrid, aspirante a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ocurre en un contexto especialmente adverso para la economía estatal.
Los datos son contundentes: contracción anual del PIB estatal en el segundo trimestre de 2025, caída del sector industrial y una reducción superior al 70 por ciento en la Inversión Extranjera Directa durante el primer semestre del año. A ello se suma un problema estructural persistente: una informalidad laboral que rebasa el 71 por ciento, pese a que Puebla cuenta con alrededor de 470 mil unidades económicas, de las cuales más del 97 por ciento son microempresas.
En este escenario, Cisneros Madrid plantea la necesidad de un CCE fuerte, cohesionado y con liderazgo técnico, capaz de articular al sector productivo y fungir como un interlocutor serio frente a los tres órdenes de gobierno. Su propuesta se estructura en seis ejes estratégicos que apuntan a la unidad empresarial, la seguridad, la mejora regulatoria, la certidumbre jurídica y una gobernanza público-privada más madura.
Destaca el énfasis en integrar a las MIPYMES a las cadenas de valor, aprovechar las oportunidades del nearshoring y transitar de una relación reactiva con el gobierno a una dinámica de colaboración en la construcción de políticas públicas. Todo ello con una visión de largo plazo, indispensable para un estado que aporta cerca del 3.5 por ciento del PIB nacional y que, pese a su densidad empresarial, no ha logrado traducir su potencial en crecimiento sostenido.
Y aquí la gran pregunta…
¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?
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