Desde el IDHIE, se recopilaron datos oficiales sobre la situación de servicios forenses en el territorio que revelaron la inoperancia de estas instituciones, lo que vulnera el derecho de búsqueda y presentación de todas las personas.
La crisis forense es un fenómeno que ha trastocado la justicia y seguridad del país, en un contexto en el que hay más de 130,000 personas desaparecidas. El Servicio Médico Forense (SEMEFO) se ha visto rebasado por la cantidad de muertes que se dan todos los días en el país, donde al día mueren de manera violenta entre 54 y 91 personas.
En ese contexto, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla presenta el análisis ¿Cómo se ve la crisis forense en Puebla?, en el que se detallaron las características y vulnerabilidades que presenta el sistema forense mexicano, y que, a la vez, vulnera los derechos humanos de las personas desaparecidas.
Shanik David George, coordinadora de Proyectos Académicos del IDHIE y coautora de este informe, ahondó en el contenido de este documento y en la situación estatal de la desaparición de personas. A través de solicitudes de información, análisis del marco jurídico y testimonios de colectivos de búsqueda, se realizó este documento que, a la vez, es un llamado urgente a las autoridades mexicanas.
“[La crisis forense] es algo que hemos estado viendo desde hace mucho tiempo, al menos desde 2006, cuando empieza la crisis de violencia”: Aranzazú Ayala
De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con corte a marzo de 2024, había más de 2,500 cuerpos sin identificar en instalaciones forenses de todo el estado. Este dato cobra especial relevancia considerando el aumento constante en los casos de desaparición de personas que han ocurrido en los últimos años.
“Es un asunto al que, por desgracia, no se le ha dado esa importancia”, ya que la Fiscalía de Puebla debe garantizar las condiciones óptimas para la identificación, búsqueda y acceso a estos servicios para todas las personas. De acuerdo con el IDHIE, se falla en todos los aspectos, pues se brinda una atención deficiente a los casos.
Si bien todas las acciones de búsqueda deben hacerse bajo la presunción de vida, la correcta operación de los servicios médicos forenses y de los mecanismos para la identificación de personas fallecidas es fundamental en las estrategias institucionales de búsqueda.
En Puebla, detalla David George, este aspecto es confuso, pues hasta junio de 2025 se reportó la localización de 224 cuerpos y la entrega de 100 de estos a sus familiares; para diciembre, solo se avanzó con 80 identificaciones más, y la entrega de 32 cuerpos, lo que es poco para un estado que cuenta con un convenio con la ONU para empezar un proceso de identificación ágil, que comenzó con grandes resultados, pero hoy opera con opacidad.
Este es tan solo uno de los elementos que conforman la crisis forense que se vive a nivel nacional y local. A ello se suma la poca claridad en el manejo de las fosas comunes en los municipios, la ausencia de personal que labora en los servicios forenses, así como el alto número de fosas clandestinas localizadas en el territorio nacional.
Aranzazú Ayala Martínez, coordinadora ejecutiva del medio especializado A dónde van los desaparecidos, detalló el panorama nacional de la crisis forense, donde “el Estado está siendo rebasado y no está haciendo lo propio para identificar” a las y los integrantes de las familias que los buscan.
Esto se refleja en la posible cifra de personas que permanecen en instalaciones de SEMEFO sin identificación, que, según la experta, es de aproximadamente 70,000 personas, aunque no es un dato que pueda ser verificado por la falta de información. “A veces las respuestas sí están y las autoridades no las quieren dar”, explica, y remarca que el acceso a esta información es vital porque “los datos son la primera puerta que nos dice hacia dónde ver, a dónde buscar”.
Otros elementos para considerar son la falta de claridad en los registros por parte de las instituciones públicas sobre el número de cuerpos en los servicios forenses y las escasas identificaciones que se logran, lo cual lleva a que estas personas sean víctimas de una doble desaparición: no solo su ausencia física, sino también una desaparición institucional.
