La Comisión Permanente del Congreso dio cuenta de la iniciativa del diputado Elías Lozada Ortega para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, con la finalidad de considerar en el ordenamiento a los residuos textiles y definirlos como cualquier prenda, accesorio o elemento manufacturado con fibras textiles que ya no se utiliza o haya perdido su utilidad original, como ropa, calzado, telas, accesorios o similares.
La propuesta contempla establecer como atribución de la dependencia en la materia el suscribir convenios con cámaras industriales, comerciales y empresas vinculadas a la fabricación, procesamiento o venta de textiles, con el fin de implementar esquemas integrales para la recolección, tratamiento, reciclaje, reutilización, coprocesamiento y disposición final de residuos textiles.
Además, promover programas de recolección de residuos textiles para su tratamiento, reciclaje, reutilización, coprocesamiento y disposición final, e impulsar campañas permanentes de concientización que incentiven el consumo responsable y la prolongación del ciclo de vida de prendas y materiales textiles, promoviendo acciones de reparación, reutilización e intercambio.
La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su estudio y resolución procedente.
A lo largo de la sesión, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, con el propósito de considerar medidas claras y vinculantes que garanticen la prevención y atención de cualquier forma de maltrato o violencia hacia internos y residentes, límites razonables de jornada y guardias con descansos efectivos, acceso a programas de salud mental y bienestar emocional, condiciones de seguridad durante su desempeño, y la congruencia entre las actividades asistenciales y el plan académico.
Asimismo, la legisladora presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, con la finalidad de reconocer expresamente la presunción de capacidad jurídica plena de todas las personas, eliminando cualquier facultad discrecional del notario basada en juicios de capacidad mental o apreciaciones subjetivas de “incapacidad natural”.
Las propuestas de la diputada fueron enviadas a la Comisión de Salud y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, respectivamente, para su análisis.
Durante la sesión se dio cuenta de las siguientes iniciativas:
-Iniciativa de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez para establecer, entre otros aspectos que, para la expedición, reposición, canje o renovación de placas, tarjeta de circulación, calcomanías, hologramas, permisos provisionales y, en general, para la realización de trámites de control vehicular ante la autoridad competente, se deberá verificar que el vehículo no cuente con adeudos firmes y exigibles por concepto de infracciones y multas en materia de movilidad y seguridad vial captadas mediante sistemas tecnológicos.
La propuesta mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable y del Código Penal del Estado, fue enviada a la Comisión de Movilidad y Transporte para su análisis.
-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar la fracción VIII el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con el objetivo de actualizar la denominación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el ordenamiento.
-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia por la que se reforma el artículo 25 del Código Penal del Estado, a fin de eliminar ambigüedades y expresar con claridad diversos supuestos y consecuencias, lo que facilita la interpretación judicial y administrativa.
Las propuestas de la diputada fueron enviadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, respectivamente.
