El delito de Ciberasedio será castigado con tres años de cárcel y la pena podría incrementar si la víctima es un menor de edad. Las críticas a los funcionarios estarán exentas y no podrán denunciar para garantizar la libertad de expresión.
En una sesión maratónica, los legisladores presentaron la iniciativa de reforma al artículo 480 del Código Penal, turnaron el documento a comisiones para aprobarlo y regresarlo al Pleno del Congreso.
Las legisladoras del PRI y PAN, Delfina Pozos Vergara y Susana Riestra Piña, se pronunciaron en contra de la modificación y exigieron la derogación del artículo asegurando que pese al cambio de la redacción se mantienen las ambigüedades en la ley.
Subrayaron que es necesario que se realice nuevamente el procedimiento legislativo y se incluya la participación de los expertos en ciberseguridad y se escuche la voz de los ciudadanos.
En su intervención, la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, defendió los cambios realizados argumentando que están sustentados en las conclusiones de los foros de consulta y el consenso de los grupos legislativos.
Precisó que se redujo de 11 a seis meses la pena mínima de cárcel y la máxima se mantuvo en tres años de prisión, aunque esta sanción se incrementará en dos terceras partes si la víctima es menor de edad, adulto mayor o una persona discapacitada.
“Con la reforma se refrenda el interés y dejamos muy en claro a la ciudadanía que el Congreso del Estado está de su lado. Modificamos los verbos rectores del delito, se plantea un delito de resultado, lo que implica la existencia de una afectación que debe ser acreditada”.
Enfatizó que las críticas realizadas al desempeño de los gobernantes y servidores públicos quedaron excluidas de las sanciones aplicables por el delito de Ciberasedio para garantizar la libre expresión de los ciudadanos y periodistas.
“Vivimos en un momento de respeto y apertura, a diferencia de otras legislaturas. Hoy no cerramos las puertas, no perseguimos, no callamos voces, no tenemos presos políticos”.
Hay que señalar que la nueva redacción establece que éste delito solamente será perseguido a petición de parte, excepto cuando la víctima sea menor de edad, una persona con discapacidad o exista una relación de autoridad o subordinación, en cuyo caso se perseguirá de oficio.
