La propuesta de reforma para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas ha alcanzado un punto de madurez en el debate nacional; sin embargo, su implementación, tal como se encuentra planteada, genera incertidumbre regulatoria y claroscuros que podrían afectar la inversión y la competitividad del país, particularmente en el actual contexto económico .
Si bien la iniciativa tiene un objetivo social legítimo orientado a mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, el sector productivo advierte que el impacto económico será significativo, dado que incrementará de manera significativa el costo de la nómina.
“El principal foco de preocupación es el impacto económico. La reforma, tal como se plantea, anticipa un incremento significativo del costo laboral que repercutirá, de manera inicial y más aguda, en la industria manufacturera, sector acostumbrado a operar con jornadas de 48 horas semanales o más”, informó German de la Garza de Vecchi, Socio Gerente Regional del despacho Fisher Phillips.
A esta situación se suma el momento en el que se plantea la reforma. México atraviesa una etapa de bajo crecimiento económico, con riesgos de estancamiento, lo que convierte la reducción de la jornada laboral en una medida potencialmente inoportuna y riesgosa para la competitividad nacional .
Ante este escenario, las empresas ya analizan estrategias de mitigación, entre las que destacan:
- La mejora de la eficiencia y el uso de tecnología para elevar la productividad,
- Contratación de más personal, una alternativa que no todas las estructuras productivas pueden absorber en el corto plazo.
- El uso sistemático de horas extraordinarias, derivado de interpretaciones laxas de la norma, podría desvirtuar el espíritu de la reforma y generar nuevos riesgos legales y regulatorios para las empresas .
“El tiempo extra debe ser una herramienta para necesidades puntuales, no un mecanismo para evadir la contratación o neutralizar el incremento de costos laborales”, expresó el abogado laboralista
En este contexto, la reforma laboral, sumada a otras modificaciones regulatorias recientes, no contribuye a generar la certidumbre que el país requiere para detonar el crecimiento económico. Por lo que, el sector privado, a pesar de la implementación gradual, ya se encuentra realizando ajustes a las cadenas de producción para hacer frente al impacto de la reforma en un momento de bajo crecimiento económico.
“La reforma laboral, aunque noble en su intención, corre el riesgo de convertirse en un freno para la inversión y el crecimiento, a menos que se aclare su implementación y se aborden los costos de mitigación de manera que se garantice, tanto la viabilidad empresarial, como el bienestar efectivo del trabajador”, finalizó De la Garza.
