Arroba Noticias

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) levantará en los próximos días una encuesta a nivel nacional entre sus agremiados a fin de establecer las principales preocupaciones que aquejan al sector del pequeño comercio en México, con la finalidad de hacérselas llegar a los aspirantes presidenciales, de entre quienes resultará electo el próximo presidente de la República. La idea es ponerlos al tanto de esta agenda para que la incluyan en su campaña y reconozcan los obstáculos que encara la microeconomía en la cotidianidad de su operación.

“No se necesita ser pitoniso ni mucho menos restar importancia a la encuesta por venir para saber que la principal preocupación del sector está en sintonía con la de la sociedad mexicana que clama por seguridad al próximo gobierno, la gente ya no resiste seguir viviendo con el Jesús en la boca. En la actividad del pequeño comercio, la inseguridad se expresa a través de la extorsión, delito que socava la paz social y lleva a los comerciantes a vivir con zozobra. La extorsión es un chantaje que arrastra a la impotencia al verse desarmado ante el hecho y no encontrar la forma de defenderse. La extorsión amaga la seguridad de la familia y del patrimonio y obliga bajo amenazas a pagar por protección•, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Esta práctica se extiende como moho a lo largo y ancho del territorio nacional y lo grave es que día a día se normaliza más, al grado de pensar que quien sufre las consecuencias de no someterse a la extorsión es el responsable, ya que debió haber pagado para evitarlas. Ahora resulta que quien planea abrir un negocio debe incluir en su plan de operación el pago del derecho de piso para llevar la fiesta en paz, algo así como una póliza de seguro obligada.

La extorsión afecta a más de dos tercios del territorio nacional. En Guerrero a taxistas, tortillerías, pollerías, expendios de cerveza, entre otros; en Sinaloa, tiendas de abarrotes y venta de cigarros; en Michoacán, productores de limón y aguacate; en Estado de México, a trabajadores de la construcción y jornaleros agrícolas; en Quintana Roo, a taxis, restaurantes y prestadores de servicios turísticos, por citar algunos de una lista cada vez más larga de trabajadores esquilmados en el país.

Este fenómeno orilla a muchos pequeños comerciantes a cerrar sus negocios, al negarse a aceptar pagar el ilegal cobro del derecho de piso, un impuesto por tener derecho a trabajar. ¡Háyase visto!, cobro delincuencial para financiar sus tropelías, un pago indebido que nada más en México se hace y que genera desaliento, desesperanza y encono popular. 

Muchas veces se ha dicho que cuando una tienda de conveniencia abre sus puertas los pequeños comercios de alrededor las cierran, pues nada que ver con lo que provoca la extorsión. Este flagelo sí está cancelando a muchas pequeñas empresas familiares llevándolas al desempleo, la gente piensa “bien que me friego para ganar mi dinero para que vengan unos vivales que nada más extienden la mano y bajo amenazas obligan a darles dinero que no han ganado; mejor cierro mi negocio”. Así el pequeño comercio le teme y reprueba más a la extorsión de la delincuencia que a la competencia de las tiendas de conveniencia y los tianguis de la informalidad.

Los formatos de extorsión son por demás conocidos, pocos hemos escapado a ellos. La extorsión telefónica se sigue haciendo en nuestro país, lo más increíble es que se realiza en un 91% en los centros penitenciarios de Estado de México, Jalisco y Tamaulipas, convirtiéndose estos penales en verdaderos call centers del mal. ¿Cómo es posible que esto ocurra en los penales, que las autoridades lo sepan y no lo impidan? Esta circunstancia acredita el pensamiento colectivo de complicidad y cohecho de los policías con los delincuentes.

Lo mismo ocurre en las carreteras, cada vez más transportes de carga son asaltados, robándoles la mercancía, llevándose los tráileres para venderlos en partes y, a últimas fechas, asesinando a los operadores. La pregunta que subyace es ¿dónde está la Guardia Nacional encargada de impedirlo? Su ausencia habla de complicidad.

Esta es la lacerante realidad que se vive en más de dos tercios del territorio nacional que obligó al propio presidente a declarar el pasado 11 de marzo que no ha bajado la extorsión en México, ergo al mantenerse en índices elevados. La extorsión, los asaltos con armas de fuego y punzocortantes, el robo hormiga, las mordidas de los inspectores de bajo pelo de los municipios y los estados conforman un coctel padecido por nueve de cada diez pequeños comerciantes que han sido extorsionados, les provoca hasta un 20% de pérdidas en la operación de sus negocios. Estos delitos son los jinetes del apocalipsis que atacan al pequeño comercio mexicano.

“¿Qué hacer para combatir el problema de la extorsión? Cualquier medida aislada no resolverá este problema, tipificarla como delito grave, crear una dirección especializada de atención, desmilitarizar para asignar las tareas de vigilancia a las policías, son acciones carentes de una visión integral que entienda las causas de este fenómeno como un problema multifactorial. La extorsión en México es hoy un problema cultural, algo más profundo de lo que suponen, necesitamos acudir a la información, prevención, persuasión y  educación, buscando generar un nuevo clima social, un nuevo ambiente ciudadano, cuyo contrato social elimine la idea de la extorsión del comportamiento colectivo”, recalcó Rivera.

Elevamos nuestra voz de nueva cuenta para exigir a los aspirantes presidenciales a que tomen nota de este asunto en calidad de urgente, que entiendan el valor de la huella social de esta actividad que se conforma de un millón doscientos mil negocios de carácter familiar y comunitario, generador de más dos millones de autoempleos, que da manutención a cinco millones de personas y atiende el 52% de la demanda nacional.

El pequeño comercio abre sus puertas en las colonias, suburbios, ciudades, cabeceras rurales y ejidos, en todas partes del país, es una verdadera diáspora y es el principal canal de abasto nacional, anima el consumo y la economía local, la relevancia de esta actividad es manifiesta. La próxima presidencia de México no tiene opción, tendrá que garantizar la paz social que se requiere para poder trabajar con libertad sin pagar extorsión alguna, sin sufrir asaltos ni mordidas.

Aspirantes a la presidencia, el quid es la seguridad.