Ante la posibilidad de que el presidente Donald Trump dé por concluido el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y decida no renovar los permisos de residencia para los dreamers, el Partido Acción Nacional manifiesta su profunda preocupación e inconformidad.

De acuerdo con el Coordinador de Asuntos Internacionales del PAN, Marco Adame Castillo, y la Presidenta de la Comisión de Vinculación con la Sociedad, Josefina Vázquez Mota, dar por terminado el DACA significa dejar de lado cualquier consideración humanitaria hacia los jóvenes migrantes, quienes fueron llevados por sus padres siendo niños.

De estos jóvenes que crecieron y se educaron en Estados Unidos, detallaron Vázquez Mota y Adame Castillo, 97 por ciento están trabajando o estudiando, 5 por ciento empezaron sus propios negocios, 65 por ciento han comprado un auto y 16 por ciento ya compraron su primera casa.  En otras palabras, aportan a la economía de Estados Unidos

El PAN, enfatizaron los funcionarios panistas, está preocupado por estos aproximadamente 585 mil jóvenes, de los cuales cerca del 78 por ciento son beneficiados por el DACA, no obstante que esta posible medida se fundamenta en prejuicios raciales y consideraciones xenofóbicas, lo cual atenta contra la dignidad y libertad de las personas, principios fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Además, dijeron, se amenaza la integración de las familias y su futuro académico, ya que al ser separados de sus padres también perderían sus estudios universitarios.

“Hacemos un llamado respetuoso al presidente Trump para que haga todo lo que está a su alcance para proteger a estos jóvenes que, salvo sus documentos son tan americanos y contribuyen al desarrollo de Estados Unidos como cualquier ciudadano estadounidense. Todos los DACA crecieron en Estados Unidos, de buena fe participaron en un largo proceso de registro ante el gobierno norteamericano, se sometieron a verificaciones exhaustivas de antecedentes y regresaron a sus comunidades a cumplir con sus obligaciones, a pagar impuestos”, expresaron.

Advirtieron que la unidad de las familias y el futuro de los jóvenes no debe usarse como moneda de cambio en las negociaciones del TLCAN ni en ningún otro proyecto como la obtención de recursos para la construcción de un muro absurdo para dividir a los dos países. Por ello, pidieron valorar otras alternativas de política migratoria que contribuyan a mejorar el entendimiento entre ambas naciones.

Finalmente, exigieron al gobierno mexicano defender los derechos fundamentales de los dreamers, evaluar medidas excepcionales de protección migratoria, rechazar explicita y enfáticamente la afectación de miles de jóvenes y sus familias como elemento en las negociaciones comerciales en curso y, por último, prever mecanismos humanitarios, de reinserción social y económica, y de cobertura educativa ante cualquier eventualidad.